El PSIB ha presentado una proposición no de ley (PNL) solicitando al Parlament enfrentar los discursos de odio y asignar a IB3 el rol de verificador de informaciones erróneas sobre migración y otros grupos en riesgo.
La propuesta del partido socialista también incluye medidas contra la iniciativa de Vox de implementar un plan de deportación masiva que, según declararon, impactaría a ocho millones de personas en España.
En una declaración, el representante del PSIB Omar Lamin ha destacado la importancia de implementar «medidas urgentes» especialmente después de los recientes eventos en Torre Pacheco, donde las familias migrantes fueron víctimas de xenofobia y hostilidades.
Lamin ha expresado una «condena firme» y ha señalado que estos hechos «no son nuevos», sino que son estimulados por políticas de ultraderecha que la derecha adopta y frente a las cuales actúa con inacción.
Además, ha afirmado que estas políticas «vulneran flagrantemente los derechos fundamentales» establecidos en la Constitución Española, mostrando su «absoluta repulsa» frente a actos racistas y campañas de persecución fomentadas desde sectores extremistas.
Para el PSIB, la presencia de migrantes no representa un problema, sino un pilar clave de progreso y cohesión social. Su propuesta busca fortalecer la integración y combatir discursos de odio, además de posicionar a Baleares como un lugar acogedor.
La PNL urge a instituciones y partidos a evitar normalizar discursos de odio y promover valores de convivencia y derechos humanos. También se solicita que IB3 emita «contenidos rigurosos que reflejen la realidad».
Desde un enfoque legal, se pide al Govern actuar legalmente en defensa del interés público frente a discriminaciones o agresiones hacia migrantes.
ACTITUD «INSOLIDARIA» DEL GOVERN CON LOS MENORES MIGRANTES
El PSIB ha criticado la actitud del Govern frente al «boicot del PP» en reuniones nacionales sobre menores migrantes no acompañados, indicando que tal postura podría afectar negativamente a Baleares dado que los flujos migratorios ahora se concentran en el Mediterráneo.
La postura del Govern ha sido descrita como una falta de cooperación que podría necesitar solicitar al Gobierno central, al que actualmente «boicotea» por razones «puramente partidistas».