La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha defendido la modificación en la Renta Social Garantizada, que ahora exigirá tres años de residencia legal para acceder, frente a las críticas del PSIB que la tildan de «racistas y falta de humanismo».
En el pleno de este martes, Fernández ha argumentado que la actualización de la Resoga busca retomar su ‘espíritu original’, el cual contó con un amplio apoyo inicialmente. La consellera también ha explicado que los ajustes en los requisitos aseguran una necesaria intervención social previa a la emancipación.
Además, ha subrayado las iniciativas recientes del Govern, como el apoyo a enfermos de ELA y la financiación de actividades de ocio para niños con discapacidad o dependencia, señalando que su gestión va encaminada a una mejor organización y aprovechamiento de los recursos.
La respuesta de Fernández llega después de que el diputado socialista Omar Lamin acusara al gobierno de Marga Prohens de ‘mentir y engañar’, manejando una política de ‘racismo y odio’. Lamin ha criticado la reducción de derechos a pesar de contar con el presupuesto más alto hasta la fecha, y ha calificado a la Conselleria de tener ‘mucho presupuesto, poca ejecución y pocos derechos’.