El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, acudirá al próximo pleno del Parlament para informar sobre las medidas ya adoptadas y las que se prevé poner en marcha tras el cierre de Agama.
La comparecencia, solicitada por el PSIB, se desarrollará en una sesión plenaria que arrancará a las 09.00 horas con la habitual sesión de control al Govern, en esta ocasión sin la presencia de la presidenta autonómica, Marga Prohens.
En la misma sesión, el pleno deberá fijar su postura ante una proposición de ley registrada por el PP que pretende impedir que personas condenadas por acoso a menores puedan ejercer como docentes o desempeñar cualquier otra actividad profesional que implique trato directo con menores.
Asimismo, los socialistas dirigirán una interpelación a la consellera de Salud, Manuela García, sobre cuestiones sanitarias, y otra al conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, centrada en la política industrial.
El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, reprochó en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces que el conseller de Empresa "no ha tomado iniciativas propias" en materia industrial y tampoco ante las consecuencias derivadas del conflicto en Irán.
Debate sobre la ley de protección de la infancia
El pleno también afrontará el debate de toma en consideración de una proposición de ley de iniciativa 'popular' que plantea modificar la ley de protección de la infancia para evitar que condenados por acoso a menores puedan ejercer como docentes o en cualquier otra profesión con contacto directo con menores.
La propuesta plantea una reforma de la normativa de protección de la infancia que, en caso de obtener el visto bueno del Parlament balear, se remitiría posteriormente al Congreso.
Según expuso el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, cuando se registró la iniciativa en la Cámara, la modificación pretende reforzar la protección de la infancia ante lo que definió como "una laguna en la ley nacional que ya ha provocado episodios en Baleares", citando como ejemplo el caso del profesor condenado en Son Sardina.
"Esta iniciativa nace del clamor de la comunidad educativa, especialmente de las familias, que desde hace meses reclaman mayor protección y garantías para los menores", señaló.
A su juicio, con el marco legal vigente la Conselleria de Educación y los centros educativos "se encuentran con las manos atadas" en situaciones como esta, cuando la sentencia judicial no contempla la inhabilitación expresa del profesional condenado.