QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece este martes ante la comisión mixta Congreso-Senado para exponer los informes de fiscalización de los gastos electorales de las elecciones generales de julio de 2023 y de los comicios europeos de 2024. En esos documentos se formulan reproches a distintas formaciones, entre ellas Vox, Junts y la agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis ‘Alvise’ Fernández.
En el informe relativo a las últimas generales, el órgano fiscalizador planteó al Ministerio del Interior una minoración de 208.299,26 euros en las subvenciones por gastos de campaña declarados por varios partidos, al detectar irregularidades o deficiencias en la justificación de esos desembolsos.
Ese ajuste económico afectaba a seis formaciones que concurrieron a las elecciones: el PSOE (7.139,98 euros) y el PSC (54,85 euros), Sumar (7.418,86), UPN (11.261,46), Vox (3.915,70) y Junts, que encabeza la relación con un recorte de 178.508,41 euros.
Junts, señalada por pagos fuera de plazo
En el caso del partido de Carles Puigdemont, el Tribunal de Cuentas le penaliza por haber superado el límite de 90 días para abonar a sus proveedores facturas por un total de 1.785.084,06 euros, vulnerando así la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Junts concentra los 1,99 millones que los partidos pagaron fuera de plazo a sus proveedores, y la reducción de la subvención supone el 10% de los importes satisfechos con retraso.
El mismo tipo de incumplimiento se reproduce en la fiscalización de los gastos de campaña de las elecciones europeas del año siguiente, donde se propone otro recorte de unos 82.000 euros en las ayudas públicas solicitadas por la formación independentista.
Ese informe sobre las europeas debía ser el primero en examinar las cuentas de la agrupación electoral impulsada por Alvise, pero ello no fue posible porque SALF rehusó remitir su contabilidad, contraviniendo lo previsto en la normativa.
Alvise no entrega la contabilidad de SALF
Al no recibir ninguna documentación de SALF, el Tribunal de Cuentas quedó imposibilitado para determinar si la financiación de la candidatura respetó los límites legales o las prohibiciones de donaciones fijadas para los partidos políticos.
Ante esta situación, el órgano remitió a Interior la advertencia de que, dado que SALF no presenta su contabilidad, no procede abonarle subvención pública alguna. Y eso pese a que, por sus resultados, podría haber accedido a 97.526,22 euros por sus tres escaños y a más de 864.000 euros por los votos obtenidos, superando en conjunto el millón de euros potencial.
En lo que respecta a Vox, el Tribunal de Cuentas advierte en los dos informes de fiscalización de que la entidad financiera húngara utilizada para costear sus campañas electorales incumple la obligación de remitir al fiscalizador una comunicación pormenorizada del crédito, necesaria para verificar su adecuación a la legislación española.
Créditos de un banco húngaro a Vox
En el informe sobre las elecciones europeas de junio de 2024, recogido por Europa Press, el Tribunal detalla que Vox financió sus gastos de campaña con un crédito de siete millones de euros (6.594.956 euros tras la retención de 405.044 euros en concepto de depósito) concedido por el banco húngaro MBH Bank Nyrt, vinculado al primer ministro Viktor Orban, socio parlamentario de Vox en Estrasburgo.
En la campaña de las generales de 2023, el partido de Santiago Abascal declaró haber dispuesto de seis millones de euros procedentes de un crédito de 6,5 millones contratado igualmente con esa entidad financiera.
Sin embargo, en ambos procesos electorales, el banco húngaro vulneró el artículo 133.3 de la LOREG, que le obliga a remitir al Tribunal «noticia detallada» del crédito entre los 100 y 125 días posteriores a la celebración de los comicios, algo que no llegó a producirse.
Al no disponer de esa información, el Tribunal advierte de que «no ha sido posible acreditar si la entidad financiera se encuentra participada o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y órganos, entidades o empresas públicas extranjeras».
La Ley de Financiación de Partidos Políticos, en su artículo 7.2, prohíbe de forma expresa aceptar «ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos».
Fiscalización especial sobre la Fundación Disenso
Este crédito fue uno de los argumentos utilizados por el PSOE para presentar una denuncia contra Vox ante la Fiscalía, que finalmente fue archivada. En cualquier caso, los socialistas defenderán este martes en la misma comisión mixta una iniciativa para que el Tribunal practique una fiscalización especial de la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, correspondiente a los últimos cinco ejercicios, de 2020 a 2025.
Las fundaciones ligadas a partidos políticos, pese a ser entidades privadas, ya están sometidas a un control anual del Tribunal de Cuentas en la medida en que reciben fondos públicos.
En la última revisión ordinaria, referida al ejercicio 2020, año de su constitución, la Fundación Disenso declaró haber percibido 370.000 euros de Vox, sin registrar subvenciones públicas y, según el Tribunal, cerró el año con un patrimonio negativo de 78.020,23 euros.
Lo que plantea el PSOE es que el Tribunal de Cuentas elabore con carácter urgente un informe de Fiscalización Especial sobre las cuentas de ingresos y gastos de la fundación de Vox en el periodo 2020-2025, «analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación», conforme al escrito recogido por Europa Press.
La propuesta pretende ahondar en las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Baleares, que apuntan a un supuesto desvío de recursos procedentes de los grupos parlamentarios hacia la fundación de Abascal, al que acusan de querer «forrarse». Desde la dirección del partido recalcan que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan cualquier irregularidad.
La decisión final, que se adoptará en plena campaña electoral extremeña, dependerá del PP, fuerza mayoritaria en la comisión mixta y cuyo voto será determinante.
