El Tribunal Supremo desestima querella de Vox contra Francina Armengol relacionada con contrataciones durante la pandemia

El Tribunal Supremo ha decidido no proseguir con la querella interpuesta por Vox contra Francina Armengol, anterior presidenta de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso, referente a la adquisición de mascarillas durante su mandato. El Supremo ha concluido que no es procedente abrir una investigación basándose en la información proporcionada por el partido, y ha recordado que tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía Europea ya están investigando estas compras de material sanitario.

De acuerdo con un auto del Supremo, Vox presentó la querella el 21 de octubre de 2024 contra Armengol, el ex asesor ministerial Koldo García, y empresarios de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama, quien habría facilitado estos contratos. La querella incluye acusaciones de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y falso testimonio en sede parlamentaria.

Vox argumentaba que el contrato entre el Instituto Balear de la Salud (IBSALUD) y Soluciones de Gestión se realizó de manera irregular, no justificada ni siquiera por la urgencia de la situación, lo que resultó en una contratación deficiente e injustificada que se apartó completamente de los principios de idoneidad, transparencia y seguridad exigidos por la ley vigente de contratación del sector público.

El partido detallaba que el contrato implicaba la compra de 1.480.600 mascarillas FPP-2 por un valor de 3.701.5000 euros entregadas en abril de 2020, pero se certificó posteriormente que no cumplían con los estándares requeridos. A pesar de esto, IBSALUD emitió un certificado de conformidad a la empresa suministradora después de saber que el producto no correspondía al acordado, permitiendo así a la empresa acceder a importantes contratos públicos.

El magistrado Manuel Marchena, en su auto, señaló que iniciar una investigación contra Armengol no estaba justificado con los datos presentados en la querella y que hacerlo podría resultar en una actuación en paralelo innecesaria, ya que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea ya están investigando los hechos.

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