Unidas Podemos (UP) ha registrado varias enmiendas al decreto para la aceleración de proyectos estratégicos, en las que plantea cambiar el impuesto de transmisiones patrimoniales con el fin de castigar "operaciones especulativas" mediante tipos de hasta el 20% dirigidos a grandes tenedores, así como poner trabas a la apertura de nuevos centros educativos privados.
La formación sostiene que la normativa actual está diseñada para "favorecer intereses privados, reducir controles y debilitar los servicios públicos", tal y como ha señalado en un comunicado.
Con este marco, UP propone reforzar los instrumentos de control democrático sobre los proyectos estratégicos. Entre las iniciativas centrales figura la creación de una comisión parlamentaria específica encargada de evaluar las solicitudes de proyectos de interés estratégico y la presencia de representantes de todos los grupos parlamentarios en los órganos de decisión, con la finalidad de "garantizar transparencia y evitar arbitrariedades".
Del mismo modo, las enmiendas suprimen o retocan diversos preceptos del decreto que permiten rebajar exigencias ambientales, urbanísticas y municipales, así como aquellos que posibilitan "agilizar proyectos sin garantías suficientes o situar infraestructuras en suelo rústico o protegido".
Medidas en vivienda y fiscalidad
En el ámbito de la vivienda, han denunciado que PP y Vox han pactado ofrecer "regalos fiscales a los rentistas", mientras que UP apuesta por extender la deducción por alquiler a toda la ciudadanía y poner en marcha un paquete de incentivos fiscales para potenciar las cooperativas de vivienda en cesión de uso.
Según detallan, estas medidas incluirían deducciones de hasta el 30% de las aportaciones y bonificaciones del 100% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La meta es impulsar "alternativas de vivienda asequible", alejadas de "lógicas especulativas" y con vocación social, como "alternativa real a la especulación inmobiliaria".
Paralelamente, las enmiendas contemplan la recuperación efectiva de la Ley de barrios, fijando una dotación mínima anual de 20 millones de euros destinada a "rehabilitar los barrios con más necesidades".
Medidas sociales y defensa de lo público
En el plano social, el grupo morado plantea una deducción de hasta 1.200 euros para quienes se reincorporen al mercado laboral tras un periodo de cuidado de los hijos, junto con propuestas para endurecer la regulación del transporte y blindar el servicio público del taxi frente a la "expansión descontrolada" de nuevas licencias de VTC.
El diputado de UP y coordinador de Esquerra Unida de Balears, José María García, ha sostenido que el decreto impulsado por PP y Vox está orientado a "facilitar negocios privados con menos controles" mientras que su grupo defiende "justo el contrario", esto es, "más transparencia, más control público y más derechos".
García ha insistido en que Baleares no pueden convertirse en un territorio "al servicio de la especulación" y ha subrayado que las enmiendas buscan "garantizar vivienda, proteger el territorio y reforzar los servicios públicos".