Vox interpela al Govern sobre el progreso de sus enmiendas presupuestarias para 2025

Vox exige al Govern detalles sobre la implementación de sus enmiendas presupuestarias aprobadas, valoradas en más de 28 millones de euros.

El grupo parlamentario Vox ha presentado varias interrogantes al Govern para indagar sobre la implementación de sus enmiendas, que fueron ratificadas en los presupuestos autonómicos para el año 2025.

La intención de Vox, como han comunicado en un comunicado, es supervisar el avance en la ejecución de estas 15 medidas incorporadas a las cuentas por su solicitud, que representan un monto superior a los 28 millones de euros.

Las consultas de la formación se centran en verificar la aplicación de fondos destinados a mitigar los impactos “negativos” de las políticas europeas en la agricultura y para el fomento del producto local de Baleares, además de una asignación de 2 millones de euros para el soporte a la natalidad y la familia.

En el ámbito lingüístico, se aprobó una enmienda para asignar 21 millones de euros al plan de elección libre de lengua, ampliando la red de centros participantes, y para subvenciones destinadas a la protección y promoción del patrimonio cultural balear y sus modalidades lingüísticas.

Adicionalmente, Vox solicita información sobre los exámenes dentales realizados para determinar la edad de menores migrantes no acompañados, así como sobre la Oficina Antiocupación.

La formación también ha preguntado sobre fondos para mejorar los servicios de protección civil, incrementar las ayudas al alquiler para jóvenes, adquirir cámaras de videovigilancia en Calvià y apoyar a autónomos y pymes en nuevas contrataciones.

Otras iniciativas incluyen apoyos para las ‘escoletas’ de Bunyola, Palmanyola y Petra, y una subvención para la activación cultural y turística de Petra, centrada en la figura de San Junípero Serra.

Desde Vox subrayan que estas partidas son compromisos concretos, no meras promesas, gracias a su impulso y advierten que no tolerarán que el Govern trate sus enmiendas como simple propaganda. Exigen claridad sobre el estado y desarrollo administrativo de cada iniciativa, enfatizando que el control del gasto público es un deber constitucional y un imperativo moral hacia los ciudadanos de Baleares.

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