Vox ha registrado un paquete de 13 propuestas para incorporar al decreto ley de medidas frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, centradas en alivios fiscales y en un mayor respaldo al sector primario, la industria, los autónomos y las familias trabajadoras.
Para la formación de Santiago Abascal, la respuesta a esta crisis “debe centrarse prioritariamente en proteger a quienes sostienen la economía real de Baleares”, aludiendo a las familias trabajadoras, los autónomos, las pequeñas empresas, el sector primario, la pesca, la industria y el comercio de proximidad.
“En un contexto de incertidumbre internacional, las políticas públicas deben orientarse a reforzar la actividad económica, mejorar la competitividad del tejido productivo y aliviar la carga económica que soportan quienes generan empleo y riqueza en nuestra comunidad”, han señalado en un comunicado.
En esta línea, el grupo parlamentario plantea ampliar las deducciones fiscales ligadas a la vivienda habitual, mejorar las ventajas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales e incorporar deducciones específicas para autónomos y pequeños negocios con elevada dependencia energética o logística.
Sobre este punto, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha subrayado que la finalidad es aliviar la carga financiera de los hogares en una comunidad donde el acceso a la vivienda constituye uno de los principales elementos de tensión económica.
Asimismo, proponen reforzar el fondo de apoyo al sector primario, pesquero y agroalimentario para compensar el encarecimiento del combustible, los fertilizantes, los piensos y los costes logísticos asociados a la insularidad, dando prioridad a las explotaciones profesionales y a la producción de proximidad.
En el ámbito de la pesca, Cañadas ha incidido en la importancia de “garantizar la viabilidad económica de un sector estratégico para el producto local y la economía litoral”, mediante la bonificación de tasas portuarias y la reducción de trabas burocráticas.
En cuanto a vivienda, Vox ha planteado incrementar la oferta mediante la agilización de los procedimientos urbanísticos frente a las políticas de intervención del mercado, con la intención de mejorar la renta disponible de las familias y rebajar la presión económica derivada del alza de los tipos de interés.
Por último, reclaman una revisión del gasto público autonómico para “identificar partidas superfluas, duplicidades y subvenciones sin impacto económico real”.
Para Cañadas, el objetivo es “reorientar recursos hacia medidas con impacto económico real”, lo que pasa también por “una auditoría en profundidad del sector público instrumental autonómico para reducir costes estructurales”.