El grupo parlamentario de Vox ha reivindicado haber puesto coto a la “desregulación encubierta” que, a su juicio, abría la puerta a la instalación “masiva” de energías renovables contemplada en el decreto ley para agilizar proyectos estratégicos.
Esta normativa ya había recibido el visto bueno del Consell de Govern hace unos meses, pero los de Santiago Abascal la hicieron caer en el Parlament al negarse a convalidarla.
Tras semanas de conversaciones, PP y Vox han pactado un nuevo redactado y está previsto que el Consell de Govern vuelva a someter el decreto a aprobación en la reunión de este viernes.
“Hemos evitado que Baleares acabe como Andalucía, donde el gobierno del PP está talando olivos para instalar campos de placas solares”, ha manifestado la portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Manuela Cañadas.
En una nota pública, la formación de Abascal ha subrayado que ha logrado “depurar” el texto final y “obligado” al Govern a “retirar todo el articulado” alineado con la Agenda 2030 y que, según su versión, “pretendía imponer una desregulación encubierta para la instalación masiva de energías renovables”.
De acuerdo con Vox, el nuevo texto elimina las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE), así como los cambios previstos en la ley de carreteras y en la normativa de cambio climático “que ponían en riesgo nuestras islas”.
El decreto, sin embargo, mantendrá el amparo legal al acuerdo que permite trasladar residuos de Ibiza a Mallorca, operación que, según el documento, se podrá iniciar “de forma inmediata y legal”.
“Esta medida es necesaria para solucionar a los ibicencos el problema que padecen y, por otro lado, conseguir bajar la tasa que pagan todos los mallorquines”, ha defendido el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox).
Freno a la “invasión” de energías renovables
Para Vox, el avance “más significativo” de la negociación ha sido la “supresión total” de la disposición final octava, que regulaba la creación de las ZIAE.
Según explica el partido, esta figura jurídica suponía un “blindaje” para desplegar renovables en suelo rústico, facilitaba de forma automática la implantación de plantas de generación y almacenamiento y las eximía de requisitos urbanísticos esenciales.
Con su retirada, sostienen, se salvaguardarán los terrenos agrícolas y rurales frente a “proyectos de gran impacto” y se impedirá que las políticas de la Agenda 2030 “pasen por encima de los ciudadanos de Baleares”.
“Las ZIAE eran un caballo de Troya de la Agenda 2030 para llenar el campo de placas solares sin control”, ha asegurado Cañadas.
Asimismo, Vox afirma haber logrado que el decreto descarte la reforma de la ley de carreteras que, según su interpretación, abría la puerta a instalar infraestructuras eléctricas de renovables y puntos de recarga en dominio público viario.
Para la formación, esa modificación no suponía una verdadera agilización, sino una “trampa” y un “caramelo envenenado” orientado a extender nuevas redes de energía renovable siguiendo “directrices ideológicas ajenas a los intereses de las Islas”.
“Si a un particular se le ponen mil trabas para reformar su casa, no se puede dar carta blanca a las renovables para que hagan lo que quieran en nuestras carreteras y campos”, ha remarcado la portavoz parlamentaria.
Vox sostiene igualmente que el decreto ya no incluirá el mecanismo que permitía la “expropiación forzosa y automática” mediante la declaración de utilidad pública para ejecutar proyectos eléctricos.
“Hemos frenado un ataque frontal a la propiedad privada, impidiendo que la administración pueda arrebatar terrenos o imponer servidumbres de paso a los ciudadanos bajo la excusa de la transición energética”, ha señalado Cañadas.
Mataderos y filtro a las inversiones estratégicas
El nuevo texto del decreto recogerá también la continuidad de los mataderos de todas las islas del archipiélago, que quedarán “blindados legalmente” al calificarlos como servicio de interés económico general.
“Ponemos fin a la asfixia de nuestros ganaderos y aseguramos la continuidad del sector primario balear, protegiendo nuestra soberanía alimentaria frente a las trabas burocráticas que amenazaban con cerrar estas infraestructuras vitales”, ha indicado el partido.
Según Vox, de la norma se ha suprimido igualmente la cláusula que facultaba al Govern para aprobar proyectos “a dedo” mediante su declaración como estratégicos.
“Se acabaron los privilegios para proyectos que, sin cumplir los estándares, pretendían aprobarse bajo criterios subjetivos o políticos”, ha recalcado la formación.