La Comisión de Función Pública del Senado tiene previsto debatir y someter a votación este martes una moción de Vox con la que pretende instar al Gobierno central a revisar y actualizar el complemento de insularidad que perciben los empleados públicos de ámbito estatal destinados en Canarias y Baleares.
De acuerdo con el texto registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, Vox sostiene que el encarecimiento de la vivienda y la "carestía" del coste de la vida en el archipiélago son los dos argumentos principales que justifican la revisión de este complemento específico de insularidad.
En la iniciativa se remarca que la cuantía "no se ha actualizado de forma periódica, o se ha hecho de forma dispar entre los cuerpos del sector público estatal", tal y como recoge la propuesta de Vox.
La moción recuerda igualmente que la última revisión de la "indemnización por residencia" del personal funcionario estatal se remonta al Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de diciembre, por el que "se autorizaba la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en la Comunidad Autónoma de Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla".
Vox argumenta que la "desertización de la función pública" resulta especialmente acusada y que las plazas de empleados públicos "no se han visto incrementadas" pese al aumento de la población insular, que "ha pasado del millón de personas a 1.200.000 en los últimos años".
El partido subraya además la existencia de una "brecha territorial" y denuncia la "imposición lingüística", reiterando su "exigencia de acabar" con esta situación y con cualquier "discriminación entre regiones".
Junto a la actualización del plus de insularidad, la moción plantea también impulsar la "cobertura de los puestos vacantes" en las distintas áreas, garantizar la "igualdad de todos los españoles" en todo el territorio y la "no discriminación" entre comunidades, así como la equiparación retributiva de los empleados públicos que "realizan idénticas tareas", con independencia de la región y de la administración de la que dependan, es decir, la igualdad salarial entre funcionarios autonómicos y estatales.