Adif se ha desmarcado de las informaciones que apuntan a una supuesta modificación de documentación relacionada con el estado de la vía en Adamuz, donde el pasado 18 de enero se produjo el accidente entre un Alvia y un Iryo que causó 46 fallecidos y más de 150 heridos.
Fuentes del gestor ferroviario aseguran a Cordópolis que la documentación entregada a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) fue remitida “intacta” y subrayan que los documentos señalados corresponden a la empresa Ayesa, encargada de revisar y certificar el estado de las soldaduras en el tramo afectado.
La CIAF informó de “incongruencias” a la Guardia Civil
El pasado 10 de febrero, el presidente de la CIAF, Íñigo Barrón, remitió una carta a la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil que instruye la causa en la que comunicó que había detectado “incongruencias” en la documentación enviada por Ayesa.
El atestado de la Guardia Civil, remitido el 18 de febrero a la jueza de Montoro que instruye el caso, Cristina Pastor, no detalla cuáles son esas discrepancias. Según los agentes, las pruebas técnicas sobre las soldaduras están en manos de los especialistas de la CIAF, que realizan los análisis en laboratorio.
Dos versiones del documento, según Cadena SER
Según publica Cadena SER, el informe remitido por Ayesa tendría dos versiones: una fechada el 25 de junio de 2025 y otra del 1 de febrero de 2026, posterior al accidente.
Ayesa fue la empresa encargada de supervisar y certificar las soldaduras que unían la vía antigua (de 1989) con la nueva, renovada en mayo de 2025. La soldadura en el punto exacto del accidente -kilómetro 318,681- se realizó la noche del 24 de mayo de 2025 por un operario de la empresa Maquisaba SL, con más de cinco años de experiencia y habilitación correspondiente.
Investigación abierta y cruce de responsabilidades
La Guardia Civil ha solicitado aclaraciones sobre las “incongruencias” detectadas por la CIAF y, según consta en el atestado, a fecha de 18 de febrero aún no había recibido respuesta.
Adif insiste en que la responsabilidad sobre la documentación corresponde a la empresa supervisora y subraya que el organismo público está colaborando con la investigación judicial.