España necesitará incorporar 2,4 millones de personas al mercado laboral en los próximos 10 años para mantener su nivel productivo, y las personas migrantes serán esenciales para cubrir esa demanda, debido al previsible descenso de la población autóctona en edad de trabajar. Es la principal conclusión del Informe sobre la Realidad Migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES).
El documento, encargado por el Gobierno a principios de este 2025, “analiza el papel estructural de la migración en el desarrollo demográfico, económico y social del país, y servirá de referencia para reforzar una política migratoria integral, ordenada, humanitaria y con perspectiva de género”, apuntaron desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Según dicho estudio, ocho de cada diez personas llegadas a España a lo largo de este siglo se han incorporado a la población activa.
Antón Costas, presidente del CES, destacó que, “desde 2019, el ciclo inmigratorio en España ha entrado en una fase más madura. Después del pico alcanzado en 2024, el ritmo de crecimiento se ha moderado en 2025 y tiende a reducirse. Los impactos de la inmigración sobre el crecimiento, el empleo, la productividad y la demografía están siendo muy positivos, favorecidos por las reformas del Reglamento de Extranjería de 2022 y 2024.”
Sin embargo, añadió, “la percepción pública sobre la inmigración ha empeorado, posiblemente por la concentración en algunos espacios y la insuficiente cooperación interadministrativa en la gestión de los flujos de inmigración irregular.”
En este sentido, Costas señaló tres actuaciones necesarias “para mantener los impactos positivos y mejorar la percepción pública: una mayor coordinación entre administraciones, y una mejor integración social de las mujeres migrantes y de la infancia y juventud, sea cual sea su nacionalidad de origen.”
Migración, empleo y sostenibilidad
El informe del CES confirma que la población migrante representa ya una quinta parte de la población residente en España y resulta esencial para sostener el crecimiento económico, el empleo y las pensiones.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, los trabajadores extranjeros suponen ya el 7,4% del total de afiliados en Asturias, el 10,4% en Castilla y León y el 7,1% en Galicia, reflejando su papel clave en la sostenibilidad de los territorios con mayor reto demográfico.
En total, más de 3,1 millones de personas extranjeras trabajan actualmente en España, un millón más que en 2018, lo que demuestra la solidez de su aportación al mercado laboral. Las mujeres representan ya el 43% del total de trabajadores foráneos, con 1.335.794 afiliadas.
Avances en regularización e integración
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, recordó que los avances logrados con la reforma del Reglamento de Extranjería han permitido que más de 640.000 personas hayan salido de la irregularidad desde 2022 gracias a los nuevos arraigos.
Actualmente, más de 352.000 personas extranjeras cuentan con una autorización de residencia por arraigo en vigor, un 23% más que hace un año. Estas personas representan ya el 10% del total de residentes en régimen de extranjería, frente al 2% de 2021, lo que supone un aumento del 525% en cuatro años.
Su contribución no se limita al ámbito económico, también suponen el rejuvenecimiento demográfico: hoy, uno de cada tres nacimientos en España es de madre migrante, “estos niños y niñas son los españoles del mañana”, destacó Saiz.
Además, el informe destaca que la inmigración en España, de carácter relativamente reciente, eminentemente laboral y con un perfil de edad joven, ha tenido un impacto positivo en las cuentas públicas, con un saldo fiscal favorable del 0,54% del PIB entre 2014 y 2018, según la OCDE. Antes de la pandemia, asegura el CES, contribuyó a reforzar el Estado del Bienestar gracias al aumento de la oferta laboral en los cuidados, y tras ella, su aportación se ha extendido a sectores como el comercio, la hostelería y el transporte.