Este martes, el Ministerio del Interior ha remitido una instrucción a los centros penitenciarios españoles para facilitar el acceso de internos extranjeros al proceso de regularización extraordinaria previsto en el Real Decreto 316/2026. Según la orden, las prisiones deben informar a los reclusos, designar personal de referencia, registrar solicitudes y facilitar la tramitación documental, incluso si está incompleta. Una orden que va en consonancia con lo defendido por Sumar, que recientemente reivindicó -como ya informó Demócrata- que los presos preventivos puedan acogerse a la regularización al no tener sentencia firme.
Se estima que los presos extranjeros representan más del 30% de la población reclusa, superando las 15.000 personas.
En este contexto, formaciones políticas como PP y Vox han reaccionado, sorprendidos de que el proceso de regularización masiva entre en las cárceles de España para que los presos extranjeros sean informados de la medida y, al mismo tiempo, se les facilte el proceso, incluso con traductores, si fuera necesario.
Marlaska: "Aquellas personas con antecedentes no van a ser regularizadas"
Ante las críticas, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros aclarando que los presos condenados que tienen antecedentes penales no tendrán opción de regularizarse, como "el propio real decreto lo exige". "También -ha aclarado- hay gente en libertad que sigue teniendo antecedentes penales y que tampoco tienen opción a regularización. Habrá presos en prisión provisional -ha continuado en sus explicaciones- que ya tengan antecedentes de antes y tampoco tendrán opción a regularizarse".
"El resto -ha mantenido el titular de Interior- van a ser sometidos a una valoración para ver si cada uno de ellos supone un riesgo de peligro público". Aquellas personas que supongan un peligro para la seguridad y el orden público, según valoración de las autoridades, también quedarán fuera de la regularización, ha aclarado el ministro. Según Fernando Grande Marlaska, estamos ante "un proceso garantista para el solicitante de regularización, pero también para la sociedad".
Voz de alarma en el PP
Para la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, es “gravísimo” que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya ordenado a las cárceles informar a los internos extranjeros sobre el proceso extraordinario de regularización, así como elaborar un registro estadístico de los solicitantes entre la población reclusa, entregar la documentación “a la mayor brevedad” y ofrecer apoyo lingüístico cuando sea preciso.
Según la comunicación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, organismo dependiente del Ministerio del Interior, adelantada por El Español y a la que ha tenido acceso Europa Press, se dispone que se “garantice una adecuada información a la población interna extranjera y, en su caso, facilitar copia de la documentación que pudiera constar a la administración penitenciaria”.
“Si esto es verdad, es gravísimo y el Gobierno debe explicarlo inmediatamente”, escribía la dirigente 'popular' en su cuenta de X antes de las aclaraciones ofrecidas por Marlaska. Fuentes de Interior habían señalado a Europa Press que su actuación se ha limitado a “informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto, mediante la difusión de copia del mismo en los tablones de anuncios de los diferentes departamentos, biblioteca, escuelas”.
Ezcurra, en cualquier caso, ha recalcado que el decreto de regularización exige en sus disposiciones 20 y 21 carecer de antecedentes penales. En este sentido, apunta que eso significa que los únicos presos que podrían acogerse son los preventivos y apunta a que un preso preventivo es aquél al que un juez ha enviado a la cárcel por riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva (art. 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Es decir, según incide, alguien sobre quien pesa una sospecha de delito grave.
En la misma línea, recalca que, por otro lado, el decreto dice "expresamente" que los antecedentes policiales, aunque no excluyen la regularización, algo que califica como "tela" en lenguaje coloquial, sí servirán a la Administración para valorar expresamente el riesgo para el orden público. En su opinión, "no es descabellado" pensar que alguien que está en prisión preventiva lo es".
Denuncias ante Bruselas y el Supremo
Vox, por su parte, ha sido contundente reprobando que el Gobierno de España "regularice a reclusos extranjeros" mientras Europa endurece sus fronteras. De ahí que la formación que dirige Santiago Abascal haya decido denunciar ante Bruselas y el Tribunal Supremo que el Gobierno de Sánchez elude el Reglamento Eurodac.
En las mismas semanas en que Alemania refuerza los controles en sus fronteras interiores, Francia debate la expulsión acelerada de extranjeros con antecedentes penales, Italia intensifica los acuerdos de retorno con terceros países y el Parlamento Europeo aprueba el Reglamento de Retornos -señala Vox-, "el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de inmigrantes en situación irregular mediante el Real Decreto 316/2026. Una medida -insiste-, que ya ha colapsado oficinas de extranjería en toda España, y que da ahora un paso más, con el Ministerio del Interior ordenando a los centros penitenciarios que faciliten activamente el proceso de regularización a los presos extranjeros,
El "agujero" en el Reglamento Eurodac
Para el eurodiputado Jorge Buxadé, jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, el problema central no es solo político sino jurídico y de seguridad para el conjunto del espacio Schengen. El decreto elude el Reglamento Eurodac -que obliga a cruzar las bases de datos criminales de todos los Estados miembros antes de conceder cualquier estatus legal- al entrar en vigor de forma inmediata, sin dar tiempo a ese cribado. El resultado es que un recluso sin antecedentes en España pero con condenas en Alemania, Francia o Italia puede obtener documentación legal española y circular libremente por el espacio Schengen. "El filtro es inexistente -reitera Vox-, porque estamos poniendo en riesgo la seguridad de toda la Unión Europea", ha advertido Buxadé.
El pasado 17 de abril, Vox presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto 316/2026 solicitando su suspensión cautelar. El alto tribunal lo admitió a trámite y, en menos de 48 horas, designó ponente al magistrado José Luis Quesada Varea, requiriendo al Gobierno que entregue el expediente administrativo completo en un plazo improrrogable de 20 días. El recurso alega que la norma excede los límites de un real decreto -materia que requeriría ley orgánica-, y que "causará daños irreversibldaidasdadaes como la alteración del cuerpo electoral o el colapso de los servicios públicos".
CEOE pide al Gobierno que se siente para hablar de empleo y formación
También este martes, y, en un encuentro con periodistas durante su participación en un desayuno informativo de ‘Nueva Economía Fórum’, celebrado junto a la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, ha defendido una política migratoria "muy orientada al empleo", ligada a itinerarios de formación que faciliten que las personas regularizadas accedan de forma efectiva al mercado laboral.
"Y eso sinceramente, de momento -ha recalcado el presidente de la principal organización emprsarial española-, pues no está encima de la mesa y pensamos que es urgente sentarnos para ver cuál es el camino hacia el empleo y de cuáles son los planes de formación que son necesarios para cubrir tantas vacantes que hay en España. Yo creo que además es la forma de dar calidad de vida a las personas", ha defendido.
El líder empresarial ha denunciado el actual "colapso" administrativo en la tramitación de las regularizaciones y, ha puesto el foco en la relevancia de los certificados de antecedentes penales. "Vamos a admitir a toda la gente que sea buena, pero hay que tener muy claro que no se nos cuele gente que no debe", ha abundado.
Garamendi ha apuntado que, pese a apoyar el proceso, echa en falta que no se haya articulado mediante un pacto de Estado ni se haya debatido en el Parlamento, y ha censurado que se recurra a este asunto "como campaña electoral en cada momento, en cada caso, de un partido, de otro".
"Yo creo que esto se debiera haber estado mejor gestionado y debiera también de ser un pacto de Estado. Dicho eso, estamos de acuerdo con que tiene que venir gente, estamos de acuerdo con que hay que integrar a la gente. España puede ser un buen país de acogida, pero hay una serie de planteamientos que hay que poner encima de la mesa", ha subrayado.
"Los antecedentes penales son un obstáculo"
La doctora en Derecho, Elena Ramallo, ha explicado para Demócrata que España parte de la Ley de Extranjería (regularización) – Ley Orgánica 4/2000, cuyo requisito clave es carecer de antecedentes penales en España y, en su caso, en el país de origen.
La existencia de antecedentes penales -apunta Ramallo- impide o dificulta gravemente la concesión. Además, luego existen otros requisitos (arraigo, contrato, integración), que también son difíciles de acreditar en prisión, sin olvidar otro requisito: “la buena conducta cívica”.
De modo que, los antecedentes penales vigentes o no cancelados, implica denegación. "Y, si bien es cierto que se puede empezar la tramitación desde prisión, porque no es necesario salir para presentar el expediente -desarrolla-, el resultado habitual es la denegación mientras existan antecedentes y se esté cumpliendo condena". En resumen -sostiene Elena Ramallo-, "los antecedentes penales son un obstáculo determinante para la regularización y la nacionalidad y la viabilidad real suele darse tras cumplir la condena y cancelar antecedentes. Pero -apunta-, ningún país daría lógicamente ni la regularización y menos nacionalidad".
Sumar pide a las administraciones dejar de "entorpecer"
Por otra parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha pedido este martes a "todas las administraciones competentes", incluido el Gobierno, que "dejen de entorpecer" y pongan "todos los medios" a disposición para facilitar la regularización de migrantes.
Así lo ha expresado la portavoz de Sumar en una rueda de prensa en la Cámara Baja, al ser preguntada por las colas registradas en la primera jornada para presentar la solicitud de forma presencial que comenzó este lunes.
Martínez Barbero ha afirmado que hay "una norma en la que dice claramente cuáles son los requisitos para poder regularizarse" en España y "son muy amplios". Además, ha indicado que es "una regularización generosa, estricta, por supuesto, en sus términos, pero muy generosa".