Mientras el nuevo Reglamento de Extranjería ya está en vigor desde mayo, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a más de medio millón de personas extranjeras termina el año exactamente igual que lo empezó: bloqueada en el Congreso de los Diputados.
Esta combinación -reforma normativa aplicada y regularización extraordinaria estancada- marca el escenario migratorio con el que España encara 2026.
Qué cambia el nuevo Reglamento de Extranjería aprobado en 2025
El Reglamento de Extranjería, en vigor desde el 20 de mayo de 2025, fue aprobado con el objetivo de flexibilizar y agilizar los procedimientos administrativos para la obtención de permisos de residencia y trabajo.
Según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la reforma busca reducir trámites innecesarios, evitar duplicidades documentales y acortar los plazos de resolución.
Entre sus principales novedades destacan:
- Cinco tipos de arraigo: social, sociolaboral, socioformativo, familiar y arraigo de segunda oportunidad.
- Reducción del tiempo mínimo de permanencia en España para solicitar el arraigo: de tres a dos años.
- Homogeneización de criterios para facilitar el acceso a la regularización por vías ordinarias.
El principal problema para las organizaciones sociales: los solicitantes de asilo rechazados
Pese a estos avances, varias organizaciones sociales han alertado de un efecto colateral clave del nuevo reglamento: deja en una situación de incertidumbre a los solicitantes de asilo cuya petición es denegada.
Entidades como Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, al considerar que el reglamento no permite computar como tiempo válido los años que estas personas han residido legalmente en España mientras esperaban una resolución de protección internacional.
La ILP de regularización: qué es y por qué sigue bloqueada
Para dar respuesta a esta situación, el PSOE presentó en mayo una propuesta para desbloquear la ILP de regularización extraordinaria, que permitiría regularizar a las personas migrantes llegadas a España antes del 31 de diciembre de 2024, mediante una autorización única por circunstancias excepcionales.
La iniciativa lleva estancada desde 2024 en el Congreso, pese a que fue tomada en consideración con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios salvo Vox.
Las negociaciones, lideradas por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, avanzaron durante la primavera, pero quedaron en punto muerto con la llegada del verano.
El papel del PP y Vox en el bloqueo parlamentario
Según ha explicado Cancela, el Gobierno mantuvo conversaciones con todos los grupos parlamentarios excepto Vox, que se opone frontalmente a la regularización.
En cuanto al Partido Popular, el Ejecutivo sostiene que la formación prefirió trasladar el debate a la comisión correspondiente y evitó un acuerdo político previo, advirtiendo de que no daría “cheques en blanco” al Gobierno.
Pese a ello, desde Migraciones aseguran que las diferencias no eran de fondo, sino de redacción y encaje jurídico.
¿Puede aprobarse la regularización por decreto?
Durante 2025, Podemos y Sumar presionaron al Ejecutivo para que aprobara la regularización mediante Real Decreto, sin esperar a la tramitación parlamentaria de la ILP.
Cancela ha defendido agotar primero la vía legislativa, apelando al respaldo ciudadano que tiene la iniciativa, aunque no descarta el decreto si el bloqueo persiste en 2026.