Los Veintisiete han cerrado este lunes un acuerdo político que flexibiliza la normativa sobre países terceros seguros y las condiciones de retorno, con el objetivo de acelerar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se les deniega la protección. Entre los cambios figura que deja de ser obligatoria la “conexión” entre la persona migrante y el país al que es enviada, así como la validación de acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, en la línea de lo que trató de hacer Italia con Albania.
A su llegada al encuentro de ministros de Interior de la UE en Bruselas, Fernando Grande-Marlaska reiteró que España rechaza estas modificaciones, tanto por las dudas sobre su eficacia real como por la posible incompatibilidad con el Derecho comunitario e internacional en materia de Derechos Humanos.
En este contexto, los titulares de Interior han fijado las que serán sus líneas rojas para la negociación con el Parlamento Europeo sobre la versión definitiva de la directiva de retorno. Con esta posición, los gobiernos apoyan que los Estados miembros puedan cerrar acuerdos bilaterales con países terceros para instalar en ellos centros de acogida, a los que se trasladaría a migrantes a quienes ya se les ha denegado el asilo pero cuya deportación a un país seguro sigue pendiente.
La reforma, que endurece el marco europeo de migración y asilo, contempla también un régimen sancionador más severo contra quienes no tengan derecho a permanecer en la UE y se nieguen a ser devueltos. Se prevén periodos de retención más prolongados y una extensión de la prohibición de entrada en la Unión tras una decisión de expulsión.
La posición acordada en el Consejo incluye medidas contra las personas que no colaboren con el procedimiento de retorno, como la reducción o retirada de subsidios, la revocación de permisos de trabajo e incluso penas de prisión en los supuestos más graves. En cuanto al veto de entrada, los Estados se inclinan por que, en el caso de individuos que supongan una amenaza para la seguridad, la prohibición de acceso pueda ser indefinida.
Además, para agilizar las expulsiones, los Veintisiete han alcanzado un acuerdo de principio sobre el concepto de “país tercero seguro”. A partir de ahora, los Estados miembros podrán devolver a migrantes en situación irregular a este tipo de países sin necesidad de acreditar un vínculo específico entre la persona afectada y el territorio al que se la traslada.
Sobre este punto, Grande-Marlaska advirtió antes de entrar en la reunión de que “rompe con la integridad del Pacto migratorio antes de que haya echado a andar” y subrayó las dudas jurídicas sobre si esta nueva definición de país tercero seguro respeta plenamente los derechos y obligaciones de los solicitantes de protección internacional. Durante el debate público entre ministros, delegaciones como la portuguesa y la francesa expresaron reservas por el impacto político, social y constitucional de la medida, aunque finalmente salió adelante una posición respaldada por una “amplia mayoría”, según indicó el ministro danés que ostenta este semestre la presidencia de turno del Consejo.
Con este acuerdo, los 27 también avalan la primera lista común de países que la Comisión Europea propone considerar países terceros seguros en toda la UE —sin impedir que cada Estado pueda ampliarla por su cuenta—. En esa relación figuran Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Túnez y Kosovo, además de la práctica totalidad de los países candidatos a entrar en la Unión, con ciertas posibles excepciones.
Reparto de reubicaciones desde España y otros Estados miembros
Otro elemento clave de la reforma migratoria que aún debe completarse en la UE es el mecanismo de solidaridad que fijará cuotas de reubicación de migrantes entre los Estados miembros, partiendo de aquellos que soportan mayor presión migratoria.
Este sistema no se aplicará hasta que el Pacto migratorio esté plenamente operativo —previsiblemente en junio—. Para el primer periodo, Bruselas ha identificado a España, Italia, Grecia y Chipre como los países que podrán solicitar la solidaridad de sus socios por encontrarse bajo mayor presión.
La Comisión puede plantear cada año la reubicación de hasta 30.000 migrantes, con la posibilidad de que los Estados menos dispuestos a acoger a parte de estas personas ofrezcan medidas compensatorias alternativas por un importe máximo de 600.000 millones de euros.
No obstante, el reparto respaldado por los gobiernos —con la abstención de España— reduce el umbral a 21.000 reubicaciones o, en su defecto, medidas compensatorias por hasta 420.000 millones de euros. Este cupo se aplicaría en 2026, aunque solo en el segundo semestre, ya que el Pacto no estará plenamente en vigor antes.
Aunque se conocen las cifras globales, sigue siendo confidencial cuántos Estados han aceptado recibir reubicados y cuántos han optado por pagar compensaciones o proponer alternativas. Estos datos no se harán públicos hasta que el acuerdo sea formalmente adoptado y publicado, algo previsto antes de que concluya 2025.
En cualquier caso, el ministro español expresó su malestar con el resultado, sin detallar cuántos migrantes podrían ser reubicados desde España —en caso de que finalmente lo sean— ni a qué países serían enviados. Se limitó a remarcar, en sus declaraciones a la entrada de la reunión, que “el contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras”.