QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha contabilizado 303 solicitudes formales de individuos que desean ser identificados como víctimas de la campaña antidrogas liderada por el anterior presidente filipino, Rodrigo Duterte, actualmente retenido en Países Bajos.
Desde el Registro del TPI se ha comunicado que la Sección de Participación y Reparaciones a las Víctimas está activamente involucrada en asistir a las víctimas, especialmente aquellas que han estado involucradas en procedimientos previos del tribunal. Sin embargo, han enfatizado que el número de solicitudes recibidas es relativamente «número limitado» en comparación con el total de víctimas que deseaban participar.
Este registro es fruto de la colaboración con redes y grupos de apoyo en un proceso que la entidad describe como «transparente e inclusivo». Además, se ha manejado documentación en diversos idiomas como tagalo, cebuano, inglés y francés, y se han realizado reuniones con los solicitantes para informarles sobre sus derechos.
La audiencia para confirmar los cargos contra Duterte está programada para el 23 de septiembre, aunque él rechaza todas las acusaciones, atribuyendo el proceso a motivaciones políticas vengativas.
Por parte del Gobierno filipino, se reconocen más de 7.000 fallecimientos de «traficantes» durante la ofensiva contra el narcotráfico en la era de Duterte. Las autoridades afirman que en todos esos casos, los sospechosos opusieron resistencia violenta. No obstante, Duterte había instado públicamente a los oficiales a eliminar a los sospechosos.
Duterte fue aprehendido en Manila el 11 de marzo pasado y entregado al tribunal en base a una orden de arresto por supuestos crímenes contra la humanidad cometidos tanto en su periodo presidencial como durante su tiempo como alcalde de Dávao, desde 2011 hasta 2016, tiempo durante el cual se destacó la extrema brutalidad de las fuerzas de seguridad.
Es importante mencionar que Filipinas se unió al TPI el 1 de noviembre de 2011 y se retiró el 17 de marzo de 2019. A pesar de la retirada, la corte conserva la jurisdicción sobre los delitos alegados cometidos mientras Filipinas fue miembro, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.
