QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El número de tanzanos acusados formalmente de traición y conspiración tras las elecciones presidenciales del 29 de octubre ha ascendido a 288 este lunes, a raíz de recientes acusaciones y una última imputación masiva de casi 50 individuos.
El fiscal Tumaini Mafuru, ante un tribunal en Dar es Salaam, afirmó que los acusados ‘en distintos momentos entre el 1 de abril y el 29 de octubre de 2025, conspiraron para cometer el delito de traición’, y que ‘el 29 de octubre de 2025, en diversas áreas de Dar es Salaam, cometieron un acto de conspiración para obstruir las elecciones’, según reportes del periódico ‘Mwananchi’.
Mafuru señaló que los implicados planearon derrocar al gobierno de Tanzania, causando importantes daños a la propiedad estatal. Pese a esto, el tribunal que leyó los cargos no tiene jurisdicción para procesar el caso, por lo que no se ha solicitado ninguna respuesta de los acusados. La Fiscalía ha pedido más tiempo para completar la investigación y ha programado una nueva lectura de cargos para el 29 de noviembre.
En esta ocasión, todos los acusados, incluyendo 19 empresarios y 13 conductores, han sido encarcelados en prisión preventiva, enfrentando cargos que no permiten fianza.
La serie de protestas que siguieron a las elecciones, caracterizadas por una victoria contundente de la presidenta Samia Suhulu Hasan y calificadas de irregulares por la Unión Africana, fueron reprimidas por la policía, resultando en un centenar de muertos según Amnistía Internacional, y más de mil según el partido opositor Chadema. El líder de Chadema, Tindu Lissu, ha sido acusado de traición desde abril y recientemente se ha emitido una orden de captura en su contra.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha exigido a las autoridades de Tanzania que investiguen las muertes ocurridas durante las protestas y ha demandado la liberación de ‘todas las figuras políticas detenidas antes de las elecciones, incluido el líder de Chadema’, además de solicitar ‘procesos justos y con garantías bajo el Derecho Internacional’ para los detenidos.
