Los letrados que representan a los 121 individuos arrestados por supuestamente incitar a la violencia tras las controvertidas elecciones presidenciales de octubre en Camerún, han expuesto que sus defendidos sufren de detenciones ilegales, traslados poco claros, deportaciones a ubicaciones desconocidas, arrestos sin fundamento y, en general, serias infracciones de los Derechos Humanos.
Continuidad en el poder bajo sospecha
El presidente camerunés, Paul Biya, asumió el jueves su octavo mandato consecutivo, gobernando el país desde hace 43 años, tras una victoria electoral el 12 de octubre que ha sido ampliamente cuestionada. Issa Tchiroma Bakary, su principal adversario, rechaza los resultados, alegando ser el legítimo vencedor con cerca del 60% de los votos, en contraste con el 53,7% oficial que se atribuye a Biya.
Hippolyte Meli, portavoz y abogado defensor, ha informado mediante un comunicado en Actucameroun que el traslado de los detenidos a diferentes tribunales en Yaundé se llevó a cabo de forma irregular el pasado viernes.
Mientras se asistía a 52 de ellos en el Tribunal Militar, otros 69, incluyendo a nueve menores, fueron llevados al Tribunal de Primera Instancia del Centro Administrativo de la capital. Los abogados alertan que muchos de estos detenidos se encuentran incomunicados y algunos han sido movidos a un centro de detención debido a la saturación de las celdas de la Unidad Central de Investigación Criminal.
Este traslado ha sido calificado de ilegal y podría ser un preludio a desapariciones forzadas, constituyendo un acto criminal que no debe ser ejecutado por las fuerzas del orden, según advierte Meli, quien también sospecha de órdenes ilícitas provenientes de una ‘mano negra’ que manipula a las autoridades.