El colectivo de abogados propalestinos Adalah ha reclamado este miércoles a los ministros de Defensa y Finanzas de Israel, Israel Katz y Bezalel Smotrich, así como a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, que se retire de forma “inmediata” el plan destinado a declarar determinadas áreas de Cisjordania como “propiedad del Estado”.
En una nota pública, Adalah ha explicado que ha remitido una carta urgente a las autoridades israelíes, a las que acusa de impulsar medidas que permiten “aumentar la anexión ilegal israelí y aumentar la soberanía del país en territorio palestino ocupado”.
Según recuerda la organización, “esto ha sido diseñado en una serie de acuerdos del Gobierno de coalición y ha sido confirmado explícitamente por parte de Smotrich, que en 2025 afirmó que se estaba “ampliando la soberanía de facto” de Israel.
Adalah sostiene que “el proceso de registrar estas tierras es un acto soberano mediante el cual Israel busca imponer cambios permanentes en el régimen de tierras en Cisjordania. Estas medidas representan un ejercicio ilegal de soberanía en el marco del territorio ocupado, que excede la autoridad limitada de un poder ocupante. Al crear hechos legales irreversibles sobre el terreno, Israel viola directamente los principios fundamentales del Derecho Internacional”.
En esta línea, el grupo jurídico recalca que el plan provoca la “desposesión” de los palestinos de estos terrenos y una “expropiación”, en beneficio de Israel, que pretende “registrarlos como propiedad estatal”. Subraya además que “bajo el Derecho Internacional, una potencia ocupante tiene prohibido interferir en propiedades privadas pertenecientes a la población civil a menos que haya una necesidad militar imperativa, la cual no se da en este caso”.
El texto denuncia también que “se exige a los dueños de estas tierras que demuestren que son dueños de las mismas en condiciones que son prácticamente imposibles. La imposibilidad de demostrarlo lleva al registro automático de la tierra. Esto viola las Conferencias de La Haya”, alertan los abogados, que señalan que la Cuarta Convención de Ginebra considera este tipo de apropiación como una infracción grave de sus disposiciones. “El Tribunal Penal Internacional lo define como un crimen de guerra”, han añadido.
El director legal de Adalah, Suhad Bishara, sostiene que la iniciativa “recrudece las graves violaciones del Derecho Internacional” atribuidas a Israel, entre ellas “crímenes de guerra y contra la humanidad y un crimen de agresión (que es de facto y de iure una anexión)”.
En su valoración, Bishara afirma que “esta decisión viola el derecho a la propiedad de incontables palestinos, así como su derecho a la autodeterminación y la soberanía. Esto contradice en gran medida las recomendaciones del Tribunal Penal Internacional, así como de muchas relaciones de las ONU. Pedimos que esta medida sea cancelada con efecto inmediato”.