Activistas y periodistas cubanas enfrentan violencia de género institucionalizada

Activistas y periodistas en Cuba, luchando por un país más justo, enfrentan una barrera de «represión, violencia estatal y prácticas autoritarias», alertan organizaciones de Derechos Humanos, poniendo en riesgo sus vidas y buscando silenciar sus expresiones.

Según Johanna Cilano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, la «violencia de género estatal» contra las mujeres parece ser un método sistemático para «acallar a toda disidencia».

En una entrevista con Europa Press, Cilano describió que el gobierno cubano emplea detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta, y señaló una forma de violencia estatal que se enfoca en el género, manifestándose a través de patrones específicos como la «instrumentalización de la maternidad», la «sexualización de sus cuerpos», la vigilancia sobre sus hijos, y los «desnudos forzados», además de insultos y vejaciones durante los interrogatorios.

Esta táctica contra mujeres activistas, periodistas y profesoras se emplea como presión para que cesen su defensa de los Derechos Humanos en un contexto de violaciones continuas por parte del gobierno, que sigue ignorando los estándares internacionales a pesar de las sanciones internacionales.

Cilano también destacó la manipulación de los lazos familiares y las amenazas a la seguridad de los hijos de las activistas para forzar su sumisión o exilio. Algunas, indicó, optan por el exilio para proteger a sus familias, mientras otras persisten en su labor, defendiendo así el futuro de sus hijos.

Luz Escobar, periodista en exilio, criticó a España por su aparente falta de acción frente a la situación en Cuba, sugiriendo una «complicidad» basada en intereses políticos y económicos. A pesar del reconocimiento internacional del presidente cubano y las continuas interacciones diplomáticas, Escobar enfatizó la necesidad de apoyo real para la población civil de Cuba.

Finalmente, Cilano abogó por una ley contra la violencia de género que reconozca el feminicidio como delito y asegure estándares internacionales, subrayando la importancia de una legislación que proteja a las defensoras de los Derechos Humanos y prevenga la impunidad.