QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este sábado se ha alcanzado un importante pacto político en Nueva Caledonia, firmado por las fuerzas independentistas y unionistas, que proporciona una amplia autonomía al territorio francés de ultramar, aunque sin alterar la soberanía formal de Francia sobre estas islas oceánicas.
Tras diez días de intensas conversaciones en el Hotel Hilton Bougival, al sur de París, el documento acuerda importantes concesiones a las autoridades locales como la creación de una Ley Fundamental de Nueva Caledonia, la transferencia de competencias en materia fiscal y de política exterior, así como la posibilidad de obtener la nacionalidad neocaledonia en adición a la francesa, permitiendo la doble nacionalidad, de acuerdo con fuentes cercanas al acuerdo citadas por medios franceses y neocaledonios.
El acuerdo también propone una reforma del sistema electoral que incluye a los residentes nativos y a aquellos con al menos 15 años de residencia en las islas, además de una nueva distribución de escaños en el Congreso. Estas medidas, que serán sometidas a referéndum en la primavera de 2026, buscan garantizar un estatus permanente para la región, que será reconocido en la Constitución francesa.
La coalición Lealistas-Unión ha calificado este pacto como un acuerdo histórico que marca el comienzo de una nueva era de estabilidad para Nueva Caledonia. Han destacado la formación de un nuevo organismo electoral y el reequilibrio de los escaños del Congreso en favor de la Provincia del Sur, reconociendo que se han hecho concesiones significativas. Victor Tutugoro, de la Unión Nacional por la Independencia (UNI), ha destacado el compromiso equilibrado alcanzado, mencionando que se ha optado por la inteligencia y el bienestar del país, poniendo de lado diferencias por un objetivo común.
Estas negociaciones son el resultado directo de los graves disturbios de mayo de 2024, cuando se produjeron protestas masivas en respuesta a una reforma electoral, que provocaron cientos de heridos y miles de detenidos, obligando a las autoridades francesas a retractarse del proyecto de ley.
