QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, ha descalificado como «absurda» la acusación que pesa sobre él por presunta corrupción relacionada con la adjudicación de consultorías financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Esta situación llevará al Parlamento, por orden del Tribunal Supremo, a considerar si procede a despojarle de su inmunidad.
«Era cuestión de tiempo para que la Corte Plena, vestida con la toga de la institucionalidad, hiciera política de la más barata enviándole la brasa caliente de la acusación absurda que se montó Carlo Díaz a la Asamblea Legislativa para que me levanten el fuero», declaró el mandatario en referencia al fiscal general.
Chaves criticó duramente a los 15 magistrados del Supremo que votaron a favor de esta acción, acusándolos de «enterrar la credibilidad aún más profundo» de la Justicia durante una rueda de prensa donde, sin embargo, expresó su «admiración» por los siete jueces que se opusieron. «Ni la corte ni el fiscal buscan justicia. Lo que buscan es sacarse un clavo que yo estoy orgullosísimo de haber clavado, que es que este Gobierno ha expuesto las estructuras de grandes privilegios de los grupos poderosos en contubernio con la cúpula del Poder Judicial», añadió, calificando las acusaciones de «novela», con «castillo, brujas, traiciones y hasta un bufón».
El Tribunal de Corte Plena ha solicitado la retirada de la inmunidad a Chaves para que responda ante una acusación sobre un contrato de más de 400.000 dólares (más de 339.500 euros) financiado por el BCIE.
Además, la misma medida ha sido requerida para Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y exjefe de la oficina del presidente, implicado en los mismos hechos. Según informes de ‘La Nación’, Chaves habría solicitado 32.000 dólares (aproximadamente 27.160 euros) a un empresario a cambio de un contrato con la Presidencia, mientras que la Fiscalía alega que el contrato fue diseñado específicamente para favorecer a la empresa ganadora con el BCIE.
Así, Chaves es sospechoso de un delito de concusión en la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., con el objetivo de que esta ofreciera servicios para la Presidencia entre 2022 y 2026, dado el presunto proceso irregular de adjudicación del contrato.
