Este jueves, la organización Human Rights Watch (HRW) ha acusado a India de deportar a cientos de musulmanes hacia Bangladesh sin seguir los procedimientos legales adecuados, calificándolos de ‘inmigrantes ilegales’ a pesar de que muchos son ciudadanos de estados fronterizos con India.
‘El partido en el poder, el BJP, está impulsando la discriminación al expulsar de forma arbitraria a musulmanes bengalíes, incluyendo a ciudadanos indios’, ha declarado Elaine Pearson, directora para Asia de HRW. ‘Las afirmaciones de las autoridades sobre su gestión de la inmigración irregular son poco convincentes, dado su desprecio por el derecho al debido proceso, las garantías internas y las normas internacionales de derechos humanos’, ha añadido.
HRW ha reportado que en algunos estados adyacentes a Bangladesh, autoridades ‘han detenido a musulmanes, en su mayoría trabajadores migrantes empobrecidos, y los han entregado a la guardia fronteriza india’, y que en varios casos, ‘han amenazado y golpeado a los detenidos para obligarlos a cruzar’ la frontera.
Según HRW, el gobierno de India ha tenido que permitir el retorno de decenas de individuos que lograron demostrar su nacionalidad india. La organización destaca que este incremento en las deportaciones se produce tras los ataques en Jammu y Cachemira en abril, que resultaron en cerca de 60 fallecidos.
‘El Gobierno indio está comprometiendo la seguridad de miles de personas vulnerables en su aparente esfuerzo por identificar a inmigrantes no autorizados, pero sus políticas reflejan un sesgo discriminatorio más amplio contra los musulmanes’, explicó Pearson. Además, denunció que Nueva Delhi ‘está socavando la histórica capacidad de la India de ofrecer refugio a los perseguidos para ganar apoyo político’.
Human Rights Watch ha enfatizado que India, conforme al Derecho Internacional, ‘está obligada a garantizar la protección de los derechos de todas las personas y a prevenir la privación de la ciudadanía por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico’, y que la ‘detención y expulsión de cualquier persona (…) sin el debido proceso’ constituye una ‘violación de Derechos Humanos fundamentales’.