La entidad fiscalizadora de Colombia ha presentado cargos contra Sandra Ortiz, quien fuera asesora del presidente en temas regionales, por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias. Esto ocurrió tras haber supuestamente recibido aproximadamente 3.000 millones de pesos (cerca de 637 euros) de antiguos directivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), suma que luego habría entregado al por entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez.
«Los días 12 y 13 de octubre de 2023, (Ortiz) presuntamente transportó 3.000 millones de pesos en un vehículo oficial y se los entregó al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez», informó la Fiscalía en la red social X. «El dinero correspondería al pago de dádivas por el direccionamiento de una orden de proveeduría en la UNGRD para la compra de 40 carrotanques que servirían para llevar agua potable a comunidades indígenas en la Alta Guajira», se añadió en la explicación de los cargos, previo a la audiencia que se realizará en noviembre.
Además, el caso involucra a Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirectores de la UNGRD, quienes habrían facilitado a Ortiz las dos maletas entregadas a Name Vásquez en los días señalados. Pinilla fue condenado anteriormente en abril por corrupción y acusado nuevamente en julio por manipulación de contratos de construcción en Córdoba.
Por otro lado, el vicealmirante retirado José Ricardo Hurtado Chacón, subdirector de la UNGRD, enfrenta acusaciones de prevaricación, destrucción y ocultamiento de documentos públicos, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, según reportes de W Radio. Hurtado habría ordenado liberar a tres detenidos con más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína, seguido de la eliminación y creación de nuevos documentos, impidiendo así el procesamiento judicial de los capturados.
El escándalo se intensificó cuando Pinilla expuso a varios funcionarios por anomalías en la adquisición de hasta 40 carrotanques para La Guajira, indicando que López había ordenado entregar 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes supuestamente recibieron sobornos para favorecer reformas gubernamentales en el Congreso. Estas sumas serían resultado de sobrecostos en el contrato de los carrotanques. Ortiz, según López, actuaba como intermediaria en el esquema, que también implicaría a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).