La Fuerza Conjunta de Protección de Darfur, vinculada a las Fuerzas Armadas sudanesas, ha denunciado que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), de carácter paramilitar, perpetraron la ejecución de “más de 2.000 civiles desarmados” después de haberse hecho con el control de El Fasher, la capital de Darfur Norte, tras un prolongado asedio de más de 500 días destinado a desalojar a las fuerzas gubernamentales de la región.
En un comunicado divulgado a través de Facebook, el grupo ha descrito las acciones de las RSF como “crímenes atroces” contra la población civil de El Fasher, especificando que “más 2.000 civiles desarmados ejecutados entre el 26 y el 27 de octubre, la mayoría de ellos mujeres, niños y ancianos, ante la vista de todo el mundo, en una escena que debería sacudir a la humanidad”.
Asimismo, han criticado duramente a los Emiratos Árabes Unidos y otros países que respaldan a los paramilitares, atribuyéndoles una “responsabilidad moral y legal” en las “violaciones que han ocurrido y están ocurriendo en El Fasher, que suponen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio”. Han hecho un llamamiento a la ONU y su Consejo de Seguridad, así como a organizaciones internacionales de derechos humanos, para que designen a las RSF como organización terrorista y procesen a los culpables en tribunales internacionales.
La Fuerza Conjunta de Protección de Darfur también ha transmitido a los familiares de las víctimas que “los responsables de crímenes internacionales graves no escaparán a su castigo” y ha expresado su compromiso de seguir “luchando bajo la cúpula de las Fuerzas Armadas sudanesas en defensa del pueblo sudanés”, augurando “una aplastante victoria del valiente pueblo sudanés”.
La creación de este grupo en abril de 2023, liderado por la facción del Movimiento de Liberación de Sudán encabezada por Minni Minawi, tuvo como objetivo principal contrarrestar el asedio impuesto por las RSF a la ciudad.
El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, también ha manifestado su preocupación por el incremento de la violencia y las atrocidades reportadas en El Fasher tras su captura por las RSF, condenando las “graves violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y reclamando un alto al fuego inmediato y la apertura de corredores humanitarios.