El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), ha informado este martes de la imputación de la organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC) por hasta once delitos de presunto fraude electrónico y blanqueo de capitales, al considerarla responsable de desviar donaciones hacia grupos extremistas “para justificar su existencia”.
Según el comunicado difundido por la cartera de Justicia, que recoge la acusación formal aprobada por un gran jurado en el estado de Alabama, “Entre 2014 y 2023, el SPLC desvió secretamente más de 3 millones de dólares en donaciones a personas vinculadas a diversos grupos extremistas violentos, como el Ku Klux Klan, Aryan Nations y el Partido Nacionalsocialista de América”.
El fiscal general adjunto Todd Blanche, que encabeza de forma provisional el Departamento de Justicia tras la marcha de Pam Bondi, sostiene que “el SPLC está creando racismo para justificar su existencia”.
Blanche ha insistido en que “El uso del dinero de los donantes para supuestamente lucrarse a costa de miembros del Ku Klux Klan no puede quedar impune”, y ha asegurado que el Departamento de Justicia “exigirá responsabilidades al SPLC y a cualquier otra organización fraudulenta que opere con el mismo modus operandi engañoso”.
En la misma línea, el director del FBI, Kash Patel, ha acusado a la entidad de haber engañado a sus financiadores: esta ONG “mintió a sus donantes, prometiendo desmantelar grupos extremistas violentos, y en realidad pagó a los líderes de estos mismos grupos extremistas, incluso utilizando los fondos para que estos grupos facilitaran la comisión de delitos estatales y federales”.
La acusación sitúa el origen del entramado en la década de 1980, cuando el SPLC, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la justicia racial en el sur del país, habría empezado a coordinar una red clandestina de personas vinculadas a grupos violentos y extremistas, como el Ku Klux Klan, o infiltradas en estas organizaciones bajo la supervisión directa del propio centro.
El Departamento de Justicia detalla que, conforme a lo recogido en la imputación, la ONG “desvió entre 2014 y 2023 más de 3 millones de dólares en donaciones a individuos vinculados” a estas formaciones, entre las que se incluyen también el Partido Nazi y el Movimiento Nacional Socialista.
Frente a estas acusaciones, el director ejecutivo interino del SPLC, Bryan Fair, ha defendido públicamente que los responsables del organismo compartían “frecuentemente” información procedente de informantes con las autoridades locales y federales, entre ellas el FBI, aunque ha precisado que en la actualidad la organización ya no recurre a informantes remunerados.
En un mensaje difundido pocas horas antes de que se hiciera público el anuncio del Departamento de Justicia, Fair destacó que “estas personas arriesgaron sus vidas para infiltrarse e informar sobre las actividades de los grupos extremistas más radicales y violentos de nuestra nación”.
Fair recordó además que, cuando la ONG comenzó a trabajar con informantes, el movimiento por los derechos civiles estaba “en pleno auge”, en un contexto marcado por “atentados con bombas en iglesias, violencia estatal contra manifestantes y asesinatos de activistas que quedaron impunes”.
El responsable del Southern Poverty Law Center ha asegurado que la entidad se defenderá “enérgicamente” a sí misma, a su personal y a su labor, y ha denunciado que “el Gobierno federal se ha convertido en un arma para desmantelar los derechos de las personas más vulnerables de nuestra nación y de cualquier organización como la nuestra que se oponga a ellos”.