El exlíder filipino Rodrigo Duterte enfrenta tres cargos por crímenes contra la humanidad, según anunció la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) el pasado lunes. Estos cargos están relacionados con la presunta participación de Duterte en la muerte de más de 70 personas durante su gestión gubernamental y municipal, entre los años 2013 y 2022, en operaciones antidroga.
«Duterte y sus cómplices compartían un plan o acuerdo común para ‘neutralizar’ a presuntos delincuentes en Filipinas (incluidos aquellos percibidos o presuntamente asociados con el consumo, la venta o la producción de drogas) mediante delitos violentos, incluido el asesinato», indica un documento del TPI fechado el 4 de julio y publicado recientemente.
Detenido en La Haya desde marzo, Duterte, de 80 años, es señalado como «coautor indirecto» de 19 asesinatos ocurridos entre 2013 y 2016 en Dávao, su localidad natal, además de estar vinculado a otros asesinatos durante su presidencia.
Los fiscales también han relacionado a Duterte con 14 asesinatos de «objetivos de alto valor» entre 2016 y 2017, y 43 más en operaciones de limpieza entre los años 2016 y 2018, periodos en los que se llevaron a cabo «miles de asesinatos de forma sistemática», según el informe del TPI.
Ante estas acusaciones, Sara Duterte, vicepresidenta y hija del exmandatario, ha criticado al TPI por “sustraer de forma forzosa” a su padre, sugiriendo que se trata de una «caza de brujas». La defensa de Duterte sostiene que se está intentando «neutralizar» su legado mediante estas acusaciones.
A pesar de que Filipinas se retiró del TPI en 2019, la corte mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país era miembro, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019. Las autoridades filipinas admiten aproximadamente 6.000 muertes por las operaciones antidroga, aunque organizaciones humanitarias elevan la cifra hasta los 30.000 fallecidos.