QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El organismo fiscal en Bolivia ha emitido una advertencia recientemente sobre las decisiones judiciales que han favorecido a la exmandataria Jeanine Añez, y a los líderes Luis Camacho y Marco Pumari, ante la crisis política que siguió a la elección de Evo Morales en octubre de 2019, indicando que podrían derivar en sanciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El fiscal general de Bolivia, Ricardo Condori, ha expresado preocupación porque estas decisiones judiciales podrían vulnerar las recomendaciones establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), ligadas al cumplimiento de los derechos humanos. «Con las decisiones que han tomado algunos operadores de Justicia estos últimos días, está en riesgo el cumplimiento efectivo de esas recomendaciones que ha sido revisado por estos organismos internacionales, más propiamente la CIDH», afirmó Condori.
El GIEI, tras investigar la represión en Senkata, El Alto y otras localidades durante finales de 2019, determinó que hubo violaciones a los derechos humanos, con cerca de 40 fallecidos, y emitió 36 recomendaciones para que las autoridades bolivianas realizaran investigaciones «serias, efectivas, exhaustivas y diligentes» para asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas.
En una entrevista con Bolivia TV, Condori recordó que entre las recomendaciones se incluye «juzgar y en su caso aplicar las sanciones con las responsabilidades de los documentos y este informe y otros similares; y particularmente esas recomendaciones han sido para el Ministerio Público, para el Órgano Judicial». Adicionalmente, destacó que ya hay un incumplimiento estatal, pues los eventos investigados ocurrieron en 2019 y han transcurrido cinco años desde entonces, responsabilizando a «todo» el estado y sus componentes, incluyendo la Fiscalía y el Poder Judicial.
«Si el Estado incumple, obviamente se van a venir severas sanciones para el Estado boliviano conforme a la CIDH, de la que nosotros somos parte», agregó Condori, mientras que el Gobierno ha señalado que apelará las recientes decisiones judiciales.
Actualmente, la expresidenta se encuentra detenida preventivamente, acusada de dirigir una represión que resultó en 37 muertos y más de 200 heridos durante las protestas que siguieron a la renuncia de Evo Morales, quien dejó el poder presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, y luego se exilió a México. Por otro lado, sus aliados políticos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y Marco Antonio Pumari, fueron liberados el pasado 29 de agosto; Camacho había pasado casi 1.000 días en la cárcel de Chonchocoro sin sentencia.
