Este miércoles, la Agencia Europa para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) ha recordado a los Estados miembros de la UE que ciertos derechos, como la prohibición de las devoluciones en caliente, son «absolutos» y no deben negarse a los migrantes que arriben irregularmente al territorio comunitario, incluso ante ataques híbridos de naciones que promueven la migración ilegal masiva para desestabilizar la UE.
En un nuevo informe, la FRA discute las limitaciones temporales al derecho de asilo que las leyes de la UE permiten ante el uso de la migración como herramienta de presión política que amenaza las «funciones esenciales» del Estado. El informe señala métodos «legales y legítimos» para enfrentar estos ataques y exhorta a los gobiernos europeos a enfocarse en penalizar a los traficantes de personas en lugar de al migrante.
«El uso de migrantes como instrumento político no es nada nuevo, pero las respuestas a este problema no deben eclipsar la realidad humana», expresó Sirpa Rautio, directora de FRA, quien instó a los países de la UE a tomar medidas «contra los actores hostiles» y no «castigar a los migrantes y refugiados que están siendo utilizados y abusados por rédito político».
Rautio también criticó que algunas estrategias actuales podrían reducir la protección de los Derechos Fundamentales en las fronteras de la UE, incluido el derecho de asilo, y subrayó que estas no deberían establecerse como norma para todos los migrantes y refugiados que ingresen sin autorización.
La agencia también sugiere que se impongan sanciones a los países que apoyen estas prácticas ilícitas y se consideren otras medidas como la restricción de visados. Además, recalca la obligación de los Estados miembros de tratar a los migrantes que lleguen de forma irregular con «humanidad» y asegurar su acceso a los procedimientos de asilo, especialmente con la futura implementación del nuevo Pacto de Migración y Asilo.
Finalmente, advierte sobre el peligro de que se confundan las políticas de gestión fronteriza con la «militarización» de las fronteras, lo cual podría «socavar» la protección de los derechos fundamentales, según lo establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.