El grupo ALBA-TCP, conformado por diez naciones, ha expresado su firme condena a la reciente decisión de la Unión Europea de prolongar las sanciones impuestas a la élite gobernante de Nicaragua. Estas medidas, extendidas por un año adicional, han sido calificadas por el bloque como una representación «anacrónica de colonialismo y supremacismo» debido a la represión ejercida por el gobierno nicaragüense.
En un comunicado oficial, el ALBA-TCP ha tachado estas sanciones de «ilegales y arbitrarias», considerándolas un ultraje a la dignidad del pueblo de Nicaragua y una forma de «injerencia externa». Se ha destacado además que estas acciones son parte de una estrategia más amplia que incluye la presencia militar estadounidense en el Caribe, con el objetivo de aislar y criminalizar a los gobiernos de la región.
El comunicado también subraya la solidaridad del grupo con Nicaragua y sus líderes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y exhorta a la Unión Europea a revocar las sanciones que «causan graves daños al bienestar del pueblo nicaragüense». El ALBA-TCP reafirma su compromiso con la autodeterminación y la integración regional, desafiando cualquier intento de dominación imperial.
Esta posición se da en el contexto de una extensión de las sanciones por parte de la UE, que afecta a 21 individuos y tres entidades, incluidos familiares y asesores cercanos a Ortega y Murillo, quienes enfrentan restricciones de viaje y congelación de activos en Europa. Estas medidas responden a los abusos de derechos humanos y el deterioro democrático en Nicaragua desde las protestas de 2018.
Además, el Parlamento Europeo ha instado a investigaciones por parte del Tribunal Penal Internacional sobre posibles crímenes contra la humanidad cometidos por altos cargos del gobierno nicaragüense, en un intento de llevar estos casos ante la justicia internacional.