Este jueves, la justicia argentina ha dictaminado el procesamiento de Alberto Fernández, quien presidió el país desde 2019 hasta 2023, por presuntas anomalías en la contratación de seguros para entidades estatales, involucrando a otras treinta personas en el caso.
El expresidente podría recibir una condena de entre uno y seis años de cárcel, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por un delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, como reporta el diario ‘La Nación’. Este constituye su primer enfrentamiento judicial por corrupción tras su salida de la Casa Rosada.
De acuerdo con el juez federal Sebastián Casanello, Fernández habría actuado para beneficiar los intereses económicos de Héctor Martínez Sosa, acusado también en el caso y descrito como parte del círculo íntimo del exmandatario, según ‘La Nación’. Martínez Sosa, que fue cliente principal de Fernández cuando este ejercía como abogado y lobista, supuestamente recibió cerca del 60% de las comisiones de la aseguradora Nación Seguros entre 2020 y 2023, lo que suma más de 2.250 millones de pesos.
El magistrado Casanello, quien lleva el caso en Buenos Aires, ha impuesto un embargo sobre los bienes de Fernández que ascienden a más de 14.600 millones de pesos argentinos, aproximadamente 9,9 millones de euros, y ha procesado a 34 personas más, incluyendo a Alberto Pagliano, exjefe de Nación Seguros, y a María Cantero, quien fungió como secretaria privada de Fernández, ambos por cargos similares a los del expresidente.