Este sábado, la Defensoría del Pueblo colombiana ha alertado sobre la severa situación que enfrentan los habitantes de varios municipios del departamento de Bolívar, afectados por la falta de acceso a servicios básicos y bienes esenciales. Esta crisis se desató tras el paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), afectando aproximadamente a 5.000 personas.
‘Desde hace aproximadamente doce días, al menos 5.000 personas se encuentran confinadas, sin acceso a alimentos, combustibles ni transporte’, explicó la institución, subrayando la ‘grave situación humanitaria’ en zonas rurales de Santa Rosa del Sur y Montecristo, San Lucas, Villa Flor o Buena Vista.
Además de las adversidades causadas por el ELN, la situación se complica aún más con ‘la presencia del Clan del Golfo’ y ‘la denuncia del secuestro de cuatro personas’, según ha informado la Defensoría. Este organismo ha hecho un llamado a los grupos armados para que ‘cesen inmediatamente toda conducta que ponga en riesgo la vida, la integridad de la población civil, sus bienes y afecte su movilidad’.
Así mismo, se ha solicitado una ‘respuesta inmediata y coordinada’ por parte del gobierno nacional, trabajando junto a la Unidad para las Víctimas y las autoridades locales, para coordinar de manera urgente la asistencia a las comunidades afectadas.
Este pedido de ayuda se produce en un contexto de crecientes tensiones y enfrentamientos entre el ELN y las fuerzas de seguridad del país, exacerbados tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno.
Las negociaciones con el ELN fueron una iniciativa prioritaria para el presidente Gustavo Petro al asumir su mandato, pero con el tiempo, el proceso se vio interrumpido por los ataques de la guerrilla, que acusaban al gobierno de incumplir algunos acuerdos preliminares establecidos.