Este viernes, la residencia de Jair Bolsonaro en Brasilia fue objeto de un allanamiento por parte de la Policía Federal de Brasil. Se le acusa de haber financiado actividades en Estados Unidos para promover sanciones contra funcionarios brasileños, incluyendo magistrados del Tribunal Supremo.
Según los investigadores, Bolsonaro habría destinado cerca de dos millones de reales (300.000 euros) para apoyar estas campañas desde marzo, utilizando la figura de su hijo Eduardo. Este hecho coincide con el creciente interés del entonces presidente Donald Trump por la situación de Bolsonaro.
«Bolsonaro fue parte central de todo lo que está ocurriendo, algo que ha tenido un efecto determinado contra el país, en una clara interferencia en la independencia de los poderes y en la soberanía», indicaron fuentes de la investigación a G1.
Medidas Cautelares y Restricciones
Como respuesta, la Policía ha impuesto medidas cautelares a Bolsonaro, incluyendo el uso obligatorio de una tobillera electrónica, la prohibición de acercarse a embajadas, el uso de redes sociales y de comunicarse con otros implicados en la trama. Además, se le ha retirado su pasaporte durante el proceso legal por la supuesta trama golpista de 2022.
Bolsonaro está obligado a permanecer en su casa y evitar contactos con diplomáticos, en un contexto donde se especulaba sobre la posibilidad de que pidiera asilo a Trump, quien recientemente ha defendido a Bolsonaro en redes sociales.
Los agentes también inspeccionaron su oficina en la sede del Partido Liberal (PL), encontrando hasta 10.000 dólares en efectivo. Celso Vilardi, su abogado, confirmó la confiscación de su teléfono móvil.
Paralelamente, la Fiscalía ha solicitado en el juicio por golpe de Estado que Bolsonaro sea declarado culpable, enfrentándose a una posible condena de hasta 40 años de prisión y la inhabilitación indefinida para cargos públicos.
Bolsonaro y otras siete personas son parte del núcleo central de la trama golpista que buscaba mantenerse en el poder después de las elecciones de octubre de 2022, enfrentando cargos que incluyen asociación criminal y atentados contra el Estado de derecho.