QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El antiguo mandatario colombiano Álvaro Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, ha comunicado el lunes su decisión de renunciar a la prescripción del proceso legal que lo sentenció a doce años de arresto domiciliario por cargos de fraude procesal y soborno de testigos, con el fin de probar su inocencia en futuras instancias judiciales.
«A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso. No puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad», expresó Uribe mediante una misiva dirigida al Tribunal Superior de Bogotá.
Este tribunal tiene ahora hasta octubre de 2027 para resolver sobre la apelación presentada, después de lo cual el caso se archivaría el 16 de octubre de este año si Uribe no hubiera optado por esta inesperada estrategia, motivada por su deber de «dar ejemplo» y sostener «la verdad».
«He solicitado que se reconozca mi inocencia, probada en juicio», subrayó Uribe, mencionando además que la «confianza» de sus votantes le exige seguir este trayecto «por más difícil o riesgoso» que resulte. «Es correcto y coherente» con la verdad, afirmó.
Uribe además cuestionó la manera en que se evaluaron las pruebas en la primera instancia y ha pedido al tribunal que su apelación sea considerada con «un análisis sereno, ponderado e integral».
El 28 de julio, la justicia de Colombia sentenció a Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal en un caso que data de 2012 y está vinculado con su participación en el surgimiento de grupos paramilitares en Antioquia.
Recientemente, sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó su liberación mientras se decide sobre la apelación que había interpuesto.
