La ONG Amnistía Internacional (AI) ha señalado este martes la ausencia de “medidas significativas para hacer justicia” en Venezuela, a pesar de las excarcelaciones registradas desde que Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro en el ataque de Estados Unidos contra el país caribeño hace un mes.
La organización, que califica este ataque como una “agresión que debilita aún más el orden internacional basado en normas”, advierte en un comunicado de que la ciudadanía venezolana se encuentra nuevamente “a la espera de justicia”. “Mientras, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano siguen sin justicia y sin garantías de no repetición”, ha denunciado.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, sostiene que el ataque de Estados Unidos “constituyó un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas”. “El uso de la fuerza por parte del Gobierno de Trump no sólo fue ilegal, sino que podría alentar acciones ilícitas por parte de otros Estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro”, ha afirmado.
Callamard subraya que “la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro durante más de un decenio continúa, hasta ahora, con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Aunque algunas personas detenidas están siendo liberadas, no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición”.
En esta línea, incide en que las amenazas al espacio de la sociedad civil “persisten” y que las personas defensoras de los Derechos Humanos y sus organizaciones “siguen enfrentándose al riesgo de persecución y criminalización”. Por ello reclama que la denuncia de las acciones militares de Estados Unidos “no eclipsen en modo alguno la urgente necesidad de rendición de cuentas y reparación por las graves violaciones de Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno venezolano”.
“Un error no se corrige con otro. Debe haber una rendición de cuentas y una reparación completas por el ataque ilegal del Gobierno de Trump contra Venezuela y por los crímenes de Derecho Internacional cometidos por las autoridades venezolanas”, ha apuntado la responsable de Amnistía.
La organización sostiene igualmente que las amenazas del presidente estadounidense, Donlad Trump, “aceleran el desmantelamiento de las normas del Derecho Internacional destinadas a proteger a la población civil y prevenir los conflictos, lo que amenaza los Derechos Humanos en todo el mundo”.
“No nos equivoquemos, se trata de esfuerzos calculados para normalizar un enfoque de 'la fuerza hace el derecho' en las relaciones exteriores y dejar de lado la Carta de Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, los tratados de Derechos Humanos y otros pilares del orden internacional. Otros Estados deben oponerse a estos esfuerzos imprudentes por desmantelar las normas mundiales diseñadas para mantener la paz, proteger a la población civil en los conflictos y garantizar los derechos humanos de todas las personas en todo lugar”, ha aseverado.
Asimismo, precisa que “ninguna etiqueta puede convertir un bombardeo en algo apegado a la ley”. “Son los hechos, y no la retórica política, los que determinan el derecho aplicable. Sin la autorización del Consejo de Seguridad ni un caso genuino de legítima defensa, el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela fue ilícito y constituyó un acto de agresión. El derecho a la vida no se suspende cuando un gobierno decide ignorar la Carta de Naciones Unidas”, ha zanjado Callamard.