La organización Amnistía Internacional (AI) ha alertado de que el multilateralismo, el Derecho Internacional y los Derechos Humanos atraviesan un momento crítico ante las embestidas de “gobiernos "depredadores" que buscan acabar con los cimientos del orden basado en normas y recrudecer prácticas autoritarias contra la sociedad civil y los movimientos sociales”.
En su informe anual, de más de 400 páginas, sobre la situación de los Derechos Humanos a escala global, la ONG centra su análisis en el “genocidio” atribuido a Israel contra la población de Gaza, en los crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia en Ucrania, en el deterioro democrático en Estados Unidos y en otros abusos perpetrados en Birmania, Sudán y diversos escenarios de conflicto como Somalia, Burkina Faso, Malí y Sudán del Sur.
“La diferencia fundamental de este momento es que ya no estamos hablando de una erosión en los márgenes del sistema. Se trata de un ataque directo a los cimientos de los Derechos Humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios”, ha señalado la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
Callamard, que ha denunciado la “inacción” y el “silencio” de numerosos Estados ante estos embates, sostiene que “los depredadores políticos y económicos” tratan de desmantelar el orden vigente “porque no está al servicio de su hegemonía y su control” y pretenden imponer un “orden mundial racista, patriarcal, no equitativo y antiderechos”.
EEUU, Israel, Rusia e Irán bajo el foco
El documento detalla las “prácticas autoritarias” impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, entre ellas los ataques al poder judicial, a los medios de comunicación y a sus rivales políticos, así como los indultos a seguidores, los recortes en la ayuda exterior, su agenda “racista y antiinmigrante”, la represión de las protestas propalestinas y la reversión “drástica” de derechos sexuales y de derechos LGTBI.
Amnistía reprocha además la ausencia de rendición de cuentas por “los homicidios de civiles cometidos anteriormente en Siria, Irak, Afganistán y Somalia”, así como por las muertes de civiles en los últimos meses en operaciones contra presuntos narcotraficantes en aguas del Caribe.
La organización recuerda que la Administración Trump ha revertido políticas destinadas a mitigar los daños ambientales y climáticos y ha destinado fondos federales a “promover tácticas agresivas de actuación policial”, en un contexto marcado por el despliegue de agentes “enmascarados” del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), que lleva a cabo detenciones de personas migrantes y de ciudadanos estadounidenses.
La ONG también censura a la Administración Trump por derogar una orden que imponía sanciones a colonos y organizaciones de colonos israelíes y a otro grupo armado palestino, además de atacar y sancionar a integrantes de organismos internacionales, especialmente del Tribunal Penal Internacional (TPI) por las órdenes de arresto contra líderes israelíes por la ofensiva sobre la Franja de Gaza.
En relación con Israel, Amnistía denuncia los “crímenes de genocidio y apartheid” contra la población palestina, en particular en Gaza, donde la población gazatí ha sufrido “de manera masiva hambruna, homicidios y desplazamientos” en un contexto de destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras civiles, pese a la existencia de un alto el fuego.
La ONG subraya que más de 13.000 niños y niñas fueron ingresados en hospitales por malnutrición aguda como consecuencia de las restricciones al acceso de ayuda humanitaria y denuncia que se mantuvieron bloqueos de carreteras que impedían el movimiento de la población palestina y demoraban la llegada de los servicios de emergencia.
En Cisjordania, se intensificaron las operaciones militares en Yenín, Tulkarem, Nablús y Tubas, en el norte, y en Hebrón, en el sur. La violencia de los colonos, amparada por el Estado, agravó el clima de hostilidad y provocó traslados forzosos de civiles. Asimismo, Israel continuó en 2025 con las demoliciones y desalojos forzosos de aldeas beduinas, mientras miles de palestinos permanecen detenidos en cárceles israelíes sin cargos ni juicio, muchos de ellos sometidos a malos tratos.
Amnistía destaca que solo uno de los cinco soldados acusados de agredir sexualmente y vejar a un detenido palestino en el centro de detención de Sde Teiman, en el sur de Israel, fue finalmente declarado culpable. Los cargos contra el resto de reservistas fueron retirados por la Fiscalía Militar en marzo.
El informe recalca que Israel continúa sin permitir la entrada en Gaza a periodistas internacionales, mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha viajado a Estados Unidos y Hungría pese a la orden de detención dictada por el TPI, lo que, a juicio de la ONG, refuerza la impunidad y socava el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
En otro apartado, la organización recuerda los bombardeos aéreos “deliberados” de Israel contra el complejo penitenciario de Evín, en Teherán, que constituyeron una “grave violación del Derecho Humanitario que debe investigarse penalmente como crimen de guerra”.
Sobre Rusia, el informe indica que en 2025 continuó incurriendo en violaciones del Derecho Internacional y se mantuvieron los abusos graves contra prisioneros ucranianos, tanto militares como civiles, trasladados a territorio ruso, donde sufren desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, incomunicación, torturas y otros malos tratos, además de juicios sin garantías.
Ese mismo año, se endurecieron las restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, sobre todo contra quienes se oponen a la guerra en Ucrania. El acceso a la información se ve también limitado, con buena parte de la producción cultural extranjera incluida “arbitrariamente” en una lista de “terroristas y extremistas”. El Estado ha incrementado además los procesos penales contra la disidencia con acusaciones de terrorismo, traición o espionaje.
La ONG sigue documentando detenciones arbitrarias y señala que la tortura y los malos tratos continúan siendo “endémicos”, mientras las autoridades mantienen la criminalización de “la expresión de identidades LGBTI y reprimiendo la cultura queer”.
En Irán, el conflicto armado de 12 días con Israel causó víctimas civiles y supuso vulneraciones del Derecho Humanitario, un episodio que las autoridades aprovecharon para intensificar la represión interna contra opositores, periodistas y mujeres por el uso obligatorio del velo, con un aumento de detenciones, interrogatorios y procesos arbitrarios.
Como represalia por el ataque de junio, las fuerzas iraníes lanzaron un ataque con misiles y drones contra Israel en el que emplearon ilícitamente municiones de racimo en áreas residenciales, causando la muerte de al menos 29 personas, entre ellas niños y niñas.
La ONG llama la atención sobre las “prácticas generalizadas y sistemáticas” de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y detenciones en régimen de incomunicación, junto con juicios injustos y “el mayor número de ejecuciones registrado desde 1989”.
Transferencias de armas y otros focos de abuso
El informe dedica un capítulo específico a criticar que Estados Unidos haya seguido facilitando “transferencias irresponsables de armas incluso a agentes implicados en la comisión de crímenes de Derecho Internacional” y extiende sus reproches a Emiratos Árabes Unidos por actuaciones similares en el contexto del conflicto en Sudán.
Asimismo, documenta el endurecimiento de las políticas “depredadoras” contra las mujeres en Afganistán; los ataques del grupo rebelde M23 en República Democrática del Congo (M23), con el “apoyo activo” de Ruanda”, y la represión de protestas en países como China, Egipto, India, Kenia y Venezuela.