La organización Amnistía Internacional ha condenado como “sombrío y vergonzoso” que Estados Unidos haya causado ya la muerte de 150 personas mediante bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental, naves que Washington presenta como narcolanchas. La ONG denuncia que se trata de una serie de “asesinatos” que también define como “ejecuciones extrajudiciales”, y exige el cese inmediato de estas operaciones y la depuración de responsabilidades entre las autoridades estadounidenses.
“El Ejército estadounidense ha alcanzado un hito sombrío y vergonzoso al anunciar tres asesinatos más en el Caribe, lo que eleva el total de muertos a 150. Estas muertes son las últimas de lo que, según el Derecho nacional e Internacional, puede interpretarse lamentablemente como decenas de asesinatos cometidos en el mar con total impunidad”, ha denunciado la directora nacional de relaciones gubernamentales de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Amanda Klasing, en un comunicado de la organización.
La responsable de Amnistía ha recalcado que, “independientemente de la dudosa cobertura que pueda proporcionar un análisis del Departamento de Justicia, estos asesinatos constituyen ejecuciones extrajudiciales”. A su juicio, “interceptar supuestos barcos cargados de drogas es una operación policial, sujeta a las normas policiales derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que establece que todas las personas tienen derecho a la vida y a un juicio justo, y solo permite a los estados usar la fuerza letal cuando existe una amenaza inminente para la vida y medios menos extremos, como la captura, son insuficientes”.
En la misma línea, ha recordado que “un Estado que mata intencionalmente a alguien fuera de esas circunstancias está cometiendo una ejecución extrajudicial, sin importar el delito que se le imputa”, y ha reiterado que “estos ataques deben cesar, y los perpetradores, incluidos altos funcionarios, deben rendir cuentas”.
En este contexto, Klasing ha urgido al Congreso de Estados Unidos a “actuar para detener estos asesinatos”, deplorando que desde el inicio de la campaña de bombardeos en septiembre de 2025 “algunos legisladores han intentado tomar medidas legislativas para detenerlos, pero el Congreso en su conjunto ha abdicado de su deber de exigir responsabilidades a esta administración por sus acciones”.
Por ello, ha reclamado que el Congreso “debe trabajar unido para ejercer su función de supervisión” y que los senadores y representantes “deben hacer todo lo posible para detener estos ataques aéreos y exigir responsabilidades por las políticas y acciones que han provocado estos asesinatos”.
Desde el 2 de septiembre de 2025, las Fuerzas Armadas estadounidenses llevan a cabo, bajo la llamada ‘Operación Lanza del Sur’, una campaña de ataques aéreos en el Caribe y el Pacífico, dirigida presuntamente contra embarcaciones que la Casa Blanca vincula con el narcotráfico y cuyos tripulantes son calificados de “narcoterroristas”.
Sin embargo, la Administración de Donald Trump no ha presentado hasta ahora pruebas que respalden sus acusaciones contra las personas que ha matado en estas operaciones, entre las que figuran ciudadanos de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago.
Los bombardeos han generado además otras controversias. En el primero de ellos, tras varios días de negativas, la Casa Blanca terminó admitiendo y defendiendo en diciembre de 2025 la actuación de las fuerzas estadounidenses al atacar a los dos supervivientes de una operación militar en la que murieron las once personas que viajaban en la embarcación objetivo.
Entonces, una de las grandes cuestiones abiertas era quién había dado la orden de ese segundo ataque, con numerosas acusaciones señalando al secretario de Defensa, Pete Hegseth. La Administración Trump, no obstante, atribuyó la responsabilidad al almirante de la Marina Frank Bradley, aunque actuó autorizado por el propio jefe del Pentágono. A partir de ese episodio, el Ejército estadounidense ha ido identificando públicamente al mando militar que ordena cada bombardeo.
En las operaciones más recientes, el responsable ha sido el general Francis Donovan, mientras que Hegseth dio por última vez la orden de un ataque de este tipo el 23 de enero, en una acción que causó dos muertos y dejó un superviviente, según datos del Comando Sur.