QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Amnistía Internacional ha expresado preocupación sobre cómo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está extendiendo el estado de excepción para silenciar a las voces opositoras y penalizar a activistas de Derechos Humanos.
El mantenimiento extendido de este régimen –que ya supera los tres años– junto con las modificaciones al código penal, han alterado gravemente el Estado de derecho en el país, consolidando un sistema que otorga un barniz de legalidad a acciones irregulares como arrestos masivos sin evidencias o la eliminación de garantías judiciales.
«En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico», declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía. «Defender Derechos Humanos o protestar pacíficamente puede costar la libertad», alertó.
Además, la organización ha señalado que las recientes reformas legales vulneran a menudo los estándares internacionales mínimos, y han sido usadas para perseguir a líderes comunitarios, sindicalistas y defensores del medio ambiente mediante acusaciones vagas y extensas como pertenencia a grupos ilegales o incluso terroristas.
En julio de este año, Amnistía reportó el caso de tres individuos detenidos arbitrariamente y sometidos a juicios sin las debidas garantías judiciales, Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, encarcelados, según la ONG, por su actividad en defensa de los Derechos Humanos.
SITUACIÓN EN LAS CÁRCELES
La entidad también ha criticado las condiciones de los centros penitenciarios en El Salvador, marcados por el aislamiento prolongado, el sobrecupo, la escasez de servicios médicos y el riesgo de tortura.
«La incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan», lamentó Piquer, destacando «un espacio cívico cada vez más asfixiado».
Amnistía ha resaltado casos como el del portavoz de la UNIDEHC, Fidel Zavala, y el abogado Enrique Anaya, quienes enfrentan un serio riesgo de tortura y maltrato. En consecuencia, la organización exige la liberación inmediata de todos aquellos detenidos por ejercer pacíficamente sus derechos y pide el cumplimiento de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Finalmente, Amnistía hace un llamado a la comunidad internacional para que mantenga su atención en los sucesos que se desarrollan dentro de El Salvador.
