La organización Amnistía Internacional (AI) ha hecho público este miércoles un informe en el que acusa a las autoridades de Corea del Norte de castigar desde hace décadas el visionado de programas de televisión surcoreanos con humillaciones públicas, condenas a trabajos forzosos e incluso ejecuciones. Según la ONG, las penas más duras suelen recaer sobre quienes no pueden abonar sobornos para librarse de ellas.
Para elaborar su investigación, Amnistía ha realizado 25 entrevistas a personas que huyeron de Corea del Norte entre 2012 y 2020. Sus relatos describen castigos extremos —como escarnio público, años de reclusión en campos de trabajo y ejecuciones— por ver contenidos televisivos procedentes de Corea del Sur. Aunque varios testimonios aseguran que esta práctica está muy extendida entre la población, la ONG recuerda que vulnera las leyes culturales norcoreanas que prohíben el consumo de medios extranjeros.
“Las autoridades penalizan el acceso a la información violando el Derecho Internacional y después permiten que los funcionarios se aprovechen de quienes temen el castigo. Se trata de represión sumada a corrupción, que perjudica sobre todo a quienes no poseen riquezas o conexiones”, ha denunciado la directora adjunta de Amnistía Internacional para la región, Sarah Brooks.
AI subraya que la aprobación en 2020 de la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios ha reforzado este marco represivo. Dicha norma, que define los contenidos de Corea del Sur como “ideología podrida que paraliza el sentido revolucionario del pueblo”, contempla penas de entre cinco y 15 años de trabajos forzados por ver o poseer series, películas o música surcoreanas. Además, establece sanciones todavía más severas, incluida la pena capital, para quienes distribuyan “grandes cantidades” de este material o organicen proyecciones colectivas.
En este escenario, varias de las personas entrevistadas por la ONG relatan que existe la posibilidad de esquivar las sanciones más graves mediante pagos ilegales. “Se captura a la gente por el mismo acto, pero el castigo depende totalmente del dinero”, ha explicado Choi Suvin, de 39 años, que salió de Corea del Norte en 2019. “La gente que no tiene dinero vende sus casas para reunir 5.000 ó 10.000 dólares (4.200 ó 8.500 euros) con los que pagar para salir de los campos de reeducación”. Amnistía recalca que estas cantidades equivalen a los ingresos de varios años para la mayoría de hogares norcoreanos, por lo que sólo están al alcance de las familias con más recursos.
La organización de derechos humanos denuncia además que “la aplicación arbitraria y discriminatoria de las leyes es sistemática”. “Funcionarios que muy probablemente también consumen medios de comunicación surcoreanos detienen y enjuician a otras personas por una conducta idéntica”, ha señalado, citando el testimonio de una persona entrevistada que afirma que “las personas trabajadoras lo ven abiertamente, los funcionarios del partido lo ven orgullosos, los agentes de seguridad lo ven en secreto, y la Policía lo ve de manera segura”. “Todo el mundo sabe que todo el mundo lo ve, incluso quienes llevan a cabo las operaciones represivas”, ha añadido.
Amnistía apunta asimismo a un posible giro en lo que describe como el “sistema de sobornos”. En este sentido, recoge el testimonio de Kim Gayoung, de 32 años, que abandonó Corea del Norte en junio de 2020 y que relata que el líder del país, Kim Jong Un, empezó a ordenar campañas de “represión intensiva” a finales de la década de 2010. Estas operaciones habrían incrementado la presión sobre los funcionarios para mostrar resultados en la aplicación de la ley, reduciendo así la capacidad de los sobornos para garantizar impunidad.
“Estos testimonios muestran cómo Corea del Norte está aplicando leyes distópicas que significan que ver un programa de televisión de Corea del Sur puede costar la vida, salvo que se pueda pagar”, ha subrayado Brooks, que reclama el fin inmediato de estos castigos y el respeto al derecho a la información.