Amnistía Internacional ha advertido este viernes de un endurecimiento de la respuesta represiva del Estado cubano, donde se multiplican las detenciones arbitrarias, la vigilancia sin control judicial y el acoso a familiares de personas presas de conciencia. Todo ello se produce, además, en un contexto en el que se ha deteriorado notablemente la salud de varios civiles encarcelados por ejercer sus derechos humanos.
“La vigilancia constante de viviendas, las detenciones arbitrarias de corta duración y las restricciones injustificadas para salir del hogar forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano está usando para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia”, ha explicado Johanna Cilano, investigadora para el Caribe de la ONG, que ha expresado su “profunda preocupación” por esta nueva oleada de medidas represivas contra personas presas de conciencia y vinculadas a “casos emblemáticos de represión estatal” en la isla.
Según la organización, estas prácticas —que también se dirigen contra activistas y opositores— buscan “intimidar, aislar y silenciar a quienes exigen respeto a los derechos humanos, atención médica adecuada o la liberación de sus seres queridos”.
Desde AI consideran “especialmente grave” que buena parte de estas acciones se dirijan contra familiares —madres, padres y otros allegados— cuyo único “delito” ha sido denunciar de forma pública los abusos de las instituciones o reclamar soluciones humanitarias y atención sanitaria para sus parientes encarcelados.
“Estas actuaciones se han llevado a cabo sin orden judicial, sin información sobre su base legal y sin mecanismos efectivos de impugnación, en abierta violación de las garantías mínimas del debido proceso”, ha subrayado la organización.
Retrasos en la atención médica a personas presas
En paralelo, la ONG ha reiterado su preocupación por la situación médica de varias personas privadas de libertad, señalando que algunas padecían enfermedades crónicas graves que se han visto aún más agravadas durante su permanencia en prisión.
Testimonios como los de Loreto Hernández García y Roberto Pérez Fonseca, ambos reclusos con patologías crónicas, describen cómo, pese a que el personal sanitario del sistema penitenciario conoce la gravedad de sus diagnósticos, las autoridades carcelarias “mantienen demoras” en la aplicación de los beneficios penales por razones de salud previstos en la legislación cubana.
“El Estado es responsable de que todas las personas presas tengan acceso sin discriminación a atención sanitaria adecuada y bajo los mismos estándares que estén disponibles en la comunidad”, ha recordado Cilano, insistiendo en que “negar o retrasar la atención médica adecuada a personas bajo custodia del Estado puede constituir una violación de la prohibición absoluta de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En la misma línea, ha alertado de que obstaculizar de forma arbitraria los procedimientos de excarcelación por motivos de salud ha puesto en grave riesgo la vida y la integridad de personas con enfermedades serias.
Ante este escenario, Amnistía Internacional ha reclamado a las autoridades cubanas la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas de conciencia, el fin de las detenciones arbitrarias, de la vigilancia ilegal y del hostigamiento, así como la garantía de una atención sanitaria puntual y adecuada, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.