Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, dirigidas a embarcaciones sospechosas de narcotráfico, calificándolas de ilegales y considerando a los fallecidos en estos ataques como víctimas de ejecuciones extrajudiciales, al margen de la ley internacional.
«Son ataques ilegales», afirmó Olatz Cacho, portavoz de Amnistía Internacional, en declaraciones a Europa Press. «No se trata de un conflicto armado, ni Estados Unidos se encuentra bajo una amenaza inminente», agregó Cacho, quien también advirtió sobre las similitudes de esta situación con la postura de EE.UU. tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y sus consecuencias negativas.
«Tras el 11 de septiembre de 2001 existía una amenaza real», admitió Cacho, pero criticó la respuesta militar excesiva de EE.UU. y sus efectos a largo plazo, como la situación en Guantánamo. Además, enfatizó que la intercepción de narcolanchas debería ser competencia de las agencias de cumplimiento de la ley, respetando los derechos humanos y el derecho a la vida y a un juicio justo.
La portavoz recordó que el propio Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. y asesor de Seguridad Nacional en funciones, reconoció que la Guardia Costera podría haber gestionado la interceptación sin recurrir a la fuerza letal. Sin embargo, la decisión de la Administración Trump fue delegar el mando a los militares, resultando en una ejecución extrajudicial.
A pesar de que el Senado, de mayoría republicana, rechazó recientemente una ley que limitaría estos ataques, Cacho resaltó la importancia del Congreso como vía para detener estas acciones. Destacó las críticas dentro del Partido Republicano, especialmente de Rand Paul, quien ha expresado su oposición a una escalada militar en el Caribe que podría extenderse a países como Venezuela o Colombia.
«Dentro del Partido Republicano hay gente que no quiere hacer la guerra con nadie. El Congreso es la principal institución del país y como mínimo hace falta una discusión», señaló la portavoz. Amnistía Internacional sigue de cerca esta situación, especialmente preocupada por la posible escalada militar en Venezuela, un país con déficits democráticos, pero cuya situación no justifica una invasión, según la organización.
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