Amnistía Internacional ha lanzado una crítica severa hacia China por emplear sus tribunales en la represión de activistas de Derechos Humanos, apoyándose en leyes de seguridad nacional y orden público vagamente definidas.
“Las personas que defienden los Derechos Humanos son tratadas como enemigas del Estado”, declaró Sarah Brooks, responsable de la sección China en Amnistía, subrayando que los tribunales chinos actúan como “instrumento de represión” en casos de naturaleza “políticamente delicada”.
El informe reciente de la ONG, titulado ‘¿Cómo podría este veredicto ser ‘legal’?’, revisa más de cien documentos judiciales de 68 casos donde se evidencian estas prácticas represivas.
Según Amnistía, en más del 90% de los casos estudiados, los cargos se fundamentan en normas “imprecisas” y “excesivamente amplias”, que incluso “se contradicen con las normas internacionales”, facilitando la criminalización de la protesta pacífica y equiparando cualquier crítica al gobierno con amenazas a la seguridad nacional.
“Al convertir en delito casi todas las formas de contacto con la comunidad internacional, el Gobierno chino está tratando de aislar del mundo exterior a quienes defienden los Derechos Humanos”, advirtió Brooks. Además, denunció la negación de un juicio justo a los acusados, privándoles de acceso a un abogado y sometiéndoles a penas de prisión preventiva prolongada o ‘vigilancia domiciliaria en un lugar asignado’.
“Nadie está a salvo”, enfatizó Brooks, citando a un abogado de Derechos Humanos que señala cómo el gobierno puede catalogar cualquier acción como criminal.
Finalmente, Amnistía Internacional ha instado al Gobierno chino a revisar o derogar las disposiciones del código penal que considera “imprecisas” y “excesivamente amplias”, garantizando el derecho a un juicio justo y liberando de forma inmediata a todos aquellos detenidos únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asociación.