Amnistía Internacional ha revelado que Pakistán ha adquirido tecnología avanzada para ampliar sus capacidades de vigilancia y censura a través de ‘una cadena encubierta de suministro mundial de sofisticadas herramientas’, con la participación de empresas de Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos, China, Canadá y Estados Unidos.
‘La vigilancia y censura masivas que ejerce Pakistán son posibles por la connivencia de un gran número de actores empresariales que operan en jurisdicciones tan diferentes como Francia, Alemania, Canadá, China y Emiratos Árabes Unidos’, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado.
La organización describe ‘una cadena encubierta de suministro mundial’ como parte de ‘una economía de opresión vasta y rentable, que se ve favorecida por el incumplimiento por parte de las empresas y los Estados de sus obligaciones en virtud del Derecho internacional’.
Como resultado, Callamard enfatizó que ‘la búsqueda de beneficios en los mercados está sujeta a limitaciones de Derechos Humanos’, pero criticó que ‘todas ellas se han pasado por alto’ y ‘la ciudadanía pakistaní es la que paga el precio más alto’.
Esta red de suministro ha facilitado que las autoridades pakistaníes implementen el Sistema de Monitoreo Web (WMS 2.0) y el Sistema de Gestión de la Interceptación Legal (LIMS). ‘El Sistema de Monitoreo Web y el Sistema de Gestión de la Interceptación Legal de Pakistán operan como torres vigías que espían constantemente la vida de la gente corriente’, explicó Callamard.
‘En Pakistán, tus mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas y acceso a Internet están vigilados. Pero la gente no tiene ni idea de esta vigilancia constante y de la magnitud de su alcance’, lamentó la dirigente de AI, afirmando que ‘esta realidad distópica es extremadamente peligrosa porque opera en la sombra, restringiendo gravemente la libertad de expresión y el acceso a la información’.
Jurre van Bergen, especialista en tecnología de Amnistía, describió cómo ‘el LIMS y el WMS 2.0 se financian con fondos públicos, incorporan tecnología extranjera y se utilizan para silenciar la disidencia, vulnerando gravemente los Derechos Humanos de la población de Pakistán’.
Finalmente, Callamard advirtió que ‘la insuficiencia de la legislación’ en este sector, junto con el impacto de estas tecnologías, ‘está acelerando la capacidad del Estado de restringir los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, provocando un efecto intimidatorio y reduciendo el espacio de la sociedad civil en el país’.