Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han emitido críticas este miércoles contra el gobierno iraní por implementar en los últimos meses una represión severa bajo pretextos de seguridad tras un enfrentamiento de doce días con Israel, que resultó en la muerte de más de mil iraníes y aproximadamente treinta israelíes.
Sara Hashash, directora regional adjunta de AI para Oriente Próximo y el norte de África, ha destacado que mientras la población intenta sobreponerse a los graves impactos del conflicto armado, las autoridades iraníes están desencadenando una represión aterradora, incrementando la vigilancia ya opresiva, las detenciones masivas y fomentando la discriminación y violencia contra las minorías.
Por su parte, Michael Page, director adjunto de HRW para la misma región, señaló que desde junio los derechos humanos en Irán han degenerado en una crisis profunda, donde las autoridades señalan a disidentes y minorías como chivos expiatorios de un conflicto ajeno a ellos. Page advirtió que el uso de medidas extremas por parte del gobierno iraní frente a una población desestabilizada por la guerra presagia una catástrofe inminente para los derechos humanos, especialmente para los grupos más vulnerables y perseguidos.
Desde el intercambio de ataques, más de 20,000 personas han sido arrestadas en Irán, incluyendo disidentes, activistas por los derechos humanos, periodistas y miembros de minorías étnicas y religiosas. Incluso, las fuerzas de seguridad han cometido asesinatos durante controles vehiculares, incluyendo el de una niña de tres años.
Además, mientras los medios estatales han instado a acelerar la aplicación de la pena de muerte, al menos nueve hombres han sido ejecutados bajo acusaciones de espionaje a favor de Israel o por motivos políticos. Ambas ONG han urgido a las autoridades iraníes a imponer una moratoria inmediata a las ejecuciones y a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, asegurando la protección contra la desaparición forzada, la tortura y otros maltratos a quienes siguen detenidos.
En este escenario, AI y HRW han solicitado a otros países que, bajo el principio de jurisdicción universal, investiguen y procesen los crímenes de Derecho Internacional cometidos por las autoridades iraníes.
REPRESIÓN DE MINORÍAS
Las investigaciones de las ONG revelan que el gobierno ha utilizado el postconflicto como excusa para intensificar la represión contra minorías étnicas y religiosas oprimidas. En julio, en la provincia de Sistán y Baluchistán, fuerzas de seguridad mataron ilícitamente a dos mujeres de la minoría baluche durante una operación en Gunich, donde otras diez mujeres resultaron heridas. Las autoridades presentaron explicaciones contradictorias, mencionando un grupo terrorista, afirmanos e Israel.
A finales de junio, más de 700 personas fueron detenidas en todo Irán por supuesta colaboración con Israel, especialmente en las provincias de Kermanshá y Juzestán, hogar de minorías étnicas como la kurda. En relación a las minorías religiosas, se han documentado detenciones arbitrarias, interrogatorios y asaltos a domicilios contra quienes practican la fe bahaí, acusándolos falsamente de espionaje y colaboración con Israel en una campaña estatal de propaganda.
Además, miembros de la comunidad judía y cristiana han sido interrogados y acusados por sus supuestos vínculos con Israel y por ser, presuntamente, ‘mercenarios del Mossad’, respectivamente. Esto ha generado preocupación sobre la validez de sus confesiones, que podrían haber sido obtenidas bajo tortura.
El conflicto inició el 13 de junio con una ofensiva militar de Israel contra Irán, que respondió con misiles y drones contra Israel. Estados Unidos se unió al conflicto el 22 de junio con bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes, aunque desde el 24 de junio se mantiene un alto el fuego.