La organización Amnistía Internacional ha reclamado al Ejecutivo de Etiopía que ponga en marcha pesquisas formales sobre los episodios de violencia sexual, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzoso de mujeres atribuidos en los últimos años al grupo armado separatista Ejército de Liberación Oromo (OLA) en el marco de su conflicto con las autoridades etíopes.
“Durante siete años, al amparo de la oscuridad causada por un apagón informativo y mediático, los combatientes de la región de Oromia han causado un inmenso sufrimiento a los civiles. Estos abusos repetidos no solo son horribles, sino que pueden constituir crímenes de guerra”, ha indicado el director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Meridional, Tigere Chagutah.
La ONG también ha exigido a la organización armada que ordene “de inmediato” a todos sus miembros respetar el Derecho Internacional Humanitario y que aparte y desmovilice a cualquier combatiente implicado en actos de violencia sexual u otras formas de tortura.
“Nos violaban todos los días, dos veces al día. Sobre las 11.00 horas y las 18.00 horas. Sentía miedo a esa hora todos los días. Me decían: 'Morirás. Nunca volverás a casa'”, relata el testimonio de una superviviente recogido en el informe publicado por la citada ONG.
El enfrentamiento, que se intensificó a partir de 2019, ha enfrentado a las fuerzas gubernamentales etíopes con el grupo separatista en una contienda que “continúa afectando gravemente a la población civil”.
El Frente de Liberación Oromo (OLF) combatió durante décadas por la independencia de la región de Oromía, hasta que en 2018 comunicó que abandonaba la vía armada tras aceptar la amnistía ofrecida por el primer ministro, Abiy Ahmed, el primer oromo en liderar el país africano. No obstante, el OLA se escindió del OLF tras ese pacto de paz y ha mantenido la insurgencia, adjudicándose numerosos ataques en los últimos años.
Las personas supervivientes entrevistadas por Amnistía han explicado que padecieron palizas de tal gravedad que aún arrastran secuelas físicas y que renunciaron a recibir atención sanitaria —incluidos abortos y pruebas de infecciones de transmisión sexual— por temor a represalias y al estigma que rodea a la violencia sexual.
Las víctimas y la ONG han señalado además que las restricciones impuestas por el Gobierno etíope han contribuido a silenciar lo que ocurre en Oromía, dificultando que organizaciones nacionales e internacionales conozcan la verdadera magnitud de los abusos contra la población civil.
“Estos actos cobardes fueron en parte facilitados por un bloqueo de las comunicaciones que impidió que el resto del mundo supiera de las constantes atrocidades contra la población civil. Esta no es la primera vez que las autoridades etíopes recurren a la censura en tiempos de crisis. Es probable que el panorama sea aún más desolador”, ha sentenciado Chatugah.
La organización ha concluido que las violaciones de derechos se han cometido en un “clima de impunidad” y en medio del silencio de los distintos actores implicados. “El ciclo de abusos contra la población civil, especialmente contra las mujeres y las niñas, debe terminar”, ha zanjado la nota emitida por Amnistía Internacional.