La organización Amnistía Internacional (AI) ha reclamado este viernes a la comunidad internacional que incremente la presión sobre las autoridades iraníes con el fin de detener los procesos judiciales abiertos contra 30 personas que se enfrentan a la pena de muerte por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales, entre ellas varios menores de edad.
“Los niños y jóvenes constituyen la mayor parte de los que se encuentran atrapados en la maquinaria de represión del Estado tras las protestas de enero, privados de acceso a representación legal efectiva y sometidos a tortura u otros malos tratos y a detención en régimen de incomunicación mientras intentan obtener confesiones forzadas”, ha señalado la directora regional adjunta para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía, Diana Eltahawy.
La ONG ha citado como ejemplo los casos de Ehsan Hoseinipur Hesarl, de 18 años, y de Matin Mohamadi y Erfan Amiri, de 17 años. Los tres han sido sentenciados en un “juicio acelerado y flagrantemente injusto” por su supuesta participación en un incendio en una mezquita situada en Pakdasht, en la provincia de Teherán, un suceso en el que murieron dos integrantes de la fuerza paramilitar Basij.
Según indicaron fuentes a Amnistía, Ehsan fue obligado a autoinculparse tras recibir “brutales palizas” mientras los interrogadores le introducían un arma en la boca. Además, las autoridades impidieron que tres abogados escogidos por su familia pudieran asumir su defensa y le impusieron un letrado designado por el Estado “que no ha defendido al joven de manera efectiva”.
Los otros dos acusados de 17 años continúan recluidos en un centro de detención juvenil y también afrontan la pena capital, denuncia la organización, a pesar de que “el Derecho Internacional prohíbe tajantemente la imposición de la pena capital a personas menores de 18 años en el momento del presunto delito”.
En esta línea, Eltahawy ha subrayado que, con estas actuaciones, las autoridades iraníes vuelven a evidenciar “la profundidad de su desprecio por el derecho a la vida y la justicia”, mediante “ejecuciones rápidas” y “sentencias de muerte en juicios acelerados” que buscan “infundir miedo” y “aplastar el espíritu de una población” que reclama transformaciones en el país.
Por este motivo, la ONG ha pedido a los estados miembro de Naciones Unidas, así como a los organismos internacionales y regionales, que adopten “medidas diplomáticas coordinadas urgentes” para que Teherán revoque las condenas a muerte existentes y se abstenga de dictar nuevas, y garantice al mismo tiempo “por que toda persona acusada sea juzgada de conformidad con el derecho a un juicio imparcial sin recurrir a la pena de muerte”.
Asimismo, ha reclamado que se incremente la presión sobre las autoridades iraníes para que autoricen la entrada de la misión de investigación de Naciones Unidas en Irán y de representantes de embajadas en los centros de detención y en las vistas judiciales contra manifestantes. Entre las 30 personas afectadas, al menos ocho ya han sido declaradas culpables y condenadas a muerte desde febrero, encontrándose a la espera de la ejecución de la pena capital.