QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión Europea ha anunciado que 18 países de la Unión Europea, incluyendo a España, han pedido préstamos para incrementar sus gastos en Defensa utilizando el instrumento SAFE, destinado a la compra colectiva de equipos militares.
Las naciones que han realizado esta solicitud son Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Finlandia, buscando acceder a un total de 127.000 millones de euros del fondo europeo, creado específicamente para potenciar la inversión en el ámbito militar.
Dentro de sus iniciativas para fortalecer la Defensa europea, la Comisión ha ofrecido hasta 150.000 millones de euros en préstamos con condiciones ventajosas para la compra de municiones, misiles, sistemas de artillería, protección de infraestructuras esenciales, ciberseguridad, movilidad militar y sistemas de defensa antiaérea y antimisiles, entre otros.
Este movimiento de los Estados miembros abre la puerta para que la Comisión Europea revise las solicitudes y busque financiación a través de los mercados de capitales, aunque el plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 30 de noviembre.
«El gran interés que ha suscitado SAFE demuestra la unidad y la ambición de la UE en materia de seguridad y defensa», declaró el comisario de Defensa, Andrius Kubilius. Además, señaló que el fondo representa un «símbolo» del «compromiso colectivo» para mejorar la Defensa europea.
Los fondos serán entregados a los países solicitantes basándose en los planes nacionales que presenten, con la posibilidad de realizar adquisiciones conjuntas entre al menos dos países, aunque temporalmente se permitirán inversiones militares individuales para facilitar los compromisos de los Estados miembros en la OTAN, donde el objetivo es alcanzar el 3,5% del PIB en gastos de armamento y material militar.
Este fondo forma parte de las estrategias del Ejecutivo europeo para elevar el gasto militar, que incluyen la activación de la cláusula de escape para permitir un endeudamiento del 1,5% del PIB fuera de las normas fiscales, con el fin de movilizar hasta 800.000 millones de euros en los próximos años para el sector de la Defensa.
