QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Policía Federal de Brasil ha acusado formalmente este miércoles al expresidente del país Jair Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, de intentar obstaculizar la investigación que enfrenta el ultraderechista por golpe de Estado, incluyendo un delito de coacción, a través de la financiación de una trama para entorpecer esta causa desde Estados Unidos.
El cuerpo ha presentado esta denuncia en un informe entregado este miércoles al Tribunal Supremo, tras concluir las investigaciones sobre la actuación de Eduardo Bolsonaro para promover en Washington medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder Judicial brasileños, según ha recogido agencia brasil, un caso abierto en mayo a petición del fiscal general, Paulo Gonet.
El exmandatario, de hecho, cumple arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por la supuesta financiación con hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, en el país norteamericano desde marzo, en favor de los aranceles del 50 por ciento a las importaciones brasileñas y sanciones contra las autoridades brasileñas, incluido el juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha mostrado un inusitado interés por su situación judicial.
La Policía brasileña ha revelado asimismo que Jair Bolsonaro estudió pedir asilo político en Argentina, presidida por el también ultraderechista Javier Milei, tras hallar un documento en su teléfono donde denunciaba ser víctima de una «persecución en (su) país de origen por motivos y delitos fundamentalmente políticos».
De acuerdo a las investigaciones, el escrito de 33 páginas no contenía firma ni fecha, si bien llevaba guardado en el dispositivo del expresidente desde 2024, cuando fue señalado por el intento de golpe de Estado contra el actual dirigente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
La Policía apunta a que Jair Bolsonaro «tenía en su poder un documento que le permitiría escapar de Brasil a la República Argentina, en particular tras el inicio de una investigación por parte de la Policía Federal con la identificación de materialidad y autoridad penal respecto de los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho por una organización criminal».
El magistrado De Moraes ha dado por ello un plazo de 48 horas a la defensa del expresidente para ofrecer explicaciones por lo que ha considerado como un «comprobado riesgo de fuga», además de «los reiterados incumplimientos de las medidas cautelares impuestas,(y) la reiteración de conductas ilegales» por parte del exmandatario.
«La información encontrada indica, por tanto, que el expresidente Jair Bolsonaro tenía en su poder un documento que le permitiría escapar de Brasil a la República Argentina, en particular tras el inicio de una investigación por parte de la Policía Federal con la identificación de materialidad y autoridad penal respecto de los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho por una organización criminal».
Por otra parte, el Tribunal Supremo ha ordenado este miércoles la búsqueda de Silas Malafaia, un pastor evangélico aliado de Bolsonaro y asiduo a las marchas pidiendo su amnistía, porque existen «fuertes evidencias de (su) participación en la empresa criminal, intencionalmente y con unidad de propósito de» Bolsonaro padre e hijo.
Los agentes han incautado su teléfono y han retenido su pasaporte, prohibiéndole la salida del país así como mantener contacto con los acusados, a su llegada al aeropuerto de Río de Janeiro en un vuelo procedente de Lisboa.
El magistrado De Moraes ha tomado esta decisión después de que la Policía haya incluido a Malafaia en la investigación contra los Bolsonaro por obstrucción a la justicia, acusándolo de haber participado «en la definición de estrategias de coerción y difusión de narrativas falsas, así como en la dirección de acciones coordinadas», según recoge el diario ‘Folha do Sao Paulo’. El objetivo de este «conocido líder religioso», apuntan los investigadores, era «coaccionar a los miembros de la cúpula del Poder Judicial, a fin de impedir que cualquier acción jurisdiccional en el ámbito del Tribunal Supremo se oponga a los intereses ilícitos del grupo criminal».
