Este viernes, agentes de la Policía Federal de Brasil han llevado a cabo una inspección en la vivienda de Jair Bolsonaro en Brasilia. El exmandatario es acusado de destinar recursos para apoyar movimientos en Estados Unidos que abogan por imponer sanciones a funcionarios brasileños, incluyendo miembros del Tribunal Supremo.
Según los investigadores, Bolsonaro habría invertido cerca de dos millones de reales (300.000 euros) para influenciar desde marzo, a través de su hijo Eduardo, la política estadounidense en relación con estas sanciones, coincidiendo con el momento en que Donald Trump ha expresado un notable interés por su situación. <"Bolsonaro fue parte central de todo lo que está ocurriendo, algo que ha tenido un efecto determinado contra el país, en una clara interferencia en la independencia de los poderes y en la soberanía">, indicaron fuentes a G1.
Ante estos hechos, la Policía ha impuesto medidas cautelares sobre Bolsonaro, quien ahora debe usar una tobillera electrónica y se le prohíbe acercarse a embajadas o usar redes sociales, además de comunicarse con otros implicados. También se le ha retirado el pasaporte durante el proceso judicial por la supuesta conspiración de 2022.
Bolsonaro está obligado a permanecer en su domicilio y evitar contacto con embajadores y diplomáticos. Este desarrollo surge mientras circulaban rumores sobre un posible pedido de asilo a Trump, quien recientemente ha defendido a Bolsonaro en redes sociales.
Los registros no solo se limitaron a su casa, sino también a su oficina en el Partido Liberal (PL), donde se hallaron reales, dólares y una memoria electrónica oculta en el baño, y se confiscó su teléfono móvil, confirmó su abogado.
UNA «SUPREMA HUMILLACIÓN»
Ya con la tobillera electrónica, Bolsonaro ha reiterado que la investigación es políticamente motivada y ha negado cualquier plan de fuga o asilo. <"Nada me coloca en un plan golpista que nunca existió (...) las sospechas son una exageración. Soy expresidente de la República, tengo 70 años, es una suprema humillación">, declaró a la prensa.
Por otro lado, el juez Alexandre de Moraes ha criticado duramente la <"osadía criminal"> de Bolsonaro, recordándole sus acciones en redes sociales y medios que han perjudicado la independencia judicial. En su decisión, Moraes recopiló varias de las declaraciones de Bolsonaro que menoscaban la soberanía nacional y vinculan la eliminación de aranceles a su amnistía.
Recientemente, la Fiscalía ha pedido en el juicio por el golpe de Estado que Bolsonaro sea condenado, enfrentando una posible pena de hasta 40 años de prisión y la inhabilitación indefinida para cargos públicos. Bolsonaro y otros siete individuos son señalados como el núcleo de la conspiración que buscaba mantenerlo en el poder tras las elecciones de octubre de 2022, acusados de asociación criminal, intento de abolir el Estado de derecho de forma violenta, golpe de Estado y daños al patrimonio en las manifestaciones del 8 de enero de 2023.