El Primer Ministro de Perú, Ernesto Álvarez, y el Ministro de Exteriores, Hugo de Zela, han rechazado la intervención en la Embajada de México en Lima, sugerida por el presidente José Jerí para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada allí. Esta declaración se produce después de las advertencias de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sobre las violaciones al Derecho Internacional que implicaría tal acción.
Álvarez afirmó a su salida del Congreso, y citado por la cadena RPP: «No es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más emotividad o por más que sea requerida por la Justicia peruana». Subrayó la imposibilidad de tal acto, tanto por su experiencia como ex presidente del Tribunal Constitucional, como por la trayectoria diplomática de De Zela.
En una entrevista posterior con RPP, De Zela también confirmó que la propuesta de Jerí «no se va a dar en realidad», describiendo la pregunta hecha al presidente como hipotética y aclarando que no se contempla una incursión forzosa en la embajada. «Yo he conversado con el presidente sobre el tema y le puedo decir con absoluta claridad que esa hipótesis no se va a dar en la realidad: la hipótesis de entrar a la embajada por la fuerza», aseguró De Zela.
Estas declaraciones contradicen al presidente Jerí, quien había manifestado la posibilidad de ingresar a la embajada si fuera necesario, reflejando según Álvarez, «el sentimiento de la mayoría de los peruanos». Sin embargo, la posición oficial se alinea con las normas internacionales, especialmente después de que la presidenta Sheinbaum señalara las consecuencias diplomáticas de una acción semejante, recordando la situación con Ecuador.
El Tribunal Supremo de Perú ha impuesto a Chávez una orden de prisión preventiva y captura, mientras que la Fiscalía propone una condena de 25 años por su presunto papel en el intento de golpe de estado dirigido por el expresidente Pedro Castillo, quien también se encuentra detenido desde diciembre de 2022.